Rodrigo Lara y la sombra del estadio: ¿puede el Huila confiar nuevamente en quien dejó este legado?
Los huilenses tienen derecho a preguntarse si una administración asociada a uno de los mayores desastres financieros y administrativos de Neiva representa la mejor alternativa para dirigir el departamento. No corresponde a una columna condenar judicialmente a nadie. Pero sí corresponde exigir explicaciones, evaluar antecedentes y recordar que la confianza pública se construye con resultados, no con excusas.
Por años, el estadio Guillermo Plazas Alcid fue símbolo del orgullo deportivo de Neiva. Hoy es recordado como uno de los mayores fracasos administrativos y financieros en la historia reciente de la ciudad. Lo más preocupante no es únicamente el colapso de una tribuna que dejó víctimas mortales y heridas irreparables para varias familias. Lo realmente alarmante es que, más de una década después del inicio del proyecto, los neivanos siguen pagando las consecuencias de decisiones administrativas que nunca fueron aclaradas satisfactoriamente.
En medio de este escenario surge una pregunta inevitable: ¿qué responsabilidad política tiene Rodrigo Lara Sánchez y qué implica ese antecedente para sus aspiraciones a la Gobernación del Huila?
Los hechos conocidos muestran que durante su administración se produjo uno de los episodios más controvertidos del proceso. El Ministerio del Deporte advirtió en varias ocasiones la necesidad de liquidar el convenio y adoptar decisiones oportunas para proteger los recursos públicos. Sin embargo, según el expediente, el municipio dejó vencer los términos y el Gobierno Nacional terminó realizando una liquidación unilateral que derivó en una exigencia de devolución de recursos.
Lo grave no es solamente la controversia jurídica. Es que hoy Neiva enfrenta el riesgo de pagar miles de millones de pesos en reintegros, intereses y procesos de cobro coactivo. Dinero que podría destinarse a vías, seguridad, educación o programas sociales, pero que podría terminar cubriendo los costos de una cadena de errores administrativos.
El Tribunal Administrativo del Huila profirió además un fallo desfavorable para las pretensiones del municipio. Dentro de las consideraciones judiciales resulta especialmente delicado el reproche relacionado con la entrega de recursos al contratista sin contar con verificaciones técnicas suficientes sobre el avance real de las obras. La justicia administrativa recordó que la responsabilidad del control y vigilancia de la interventoría recaía sobre la entidad ejecutora.
Ese punto es fundamental porque revela una discusión de fondo: más allá de quién diseñó inicialmente el proyecto o de qué decisiones tomaron administraciones anteriores, la obligación de proteger los recursos públicos corresponde a quien ejerce el gobierno en cada momento.
Los defensores de Lara sostienen que recibió una obra llena de problemas heredados y que intentó enfrentar una crisis que ya estaba en marcha. Sin embargo, esa explicación no resuelve varias preguntas incómodas. Si las alertas existían, ¿por qué no se adoptaron medidas más contundentes? Si había dudas sobre la calidad de la ejecución, ¿por qué se permitió continuar con desembolsos millonarios? Si el municipio consideraba incorrecta la posición del Ministerio, ¿por qué no logró sustentar con éxito su defensa ante los tribunales?
La política no se trata únicamente de responsabilidades penales. También se trata de responsabilidades de gestión, liderazgo y resultados. Y los resultados del estadio son inocultables: una obra colapsada, recursos perdidos, años de litigios, embargos potenciales y una ciudad que sigue sin contar con un escenario deportivo digno.
Para cualquier aspirante a la Gobernación del Huila, la principal carta de presentación debería ser su capacidad de administrar recursos públicos con eficiencia y transparencia. En el caso de Rodrigo Lara Sánchez, el episodio del estadio Guillermo Plazas Alcid inevitablemente se convierte en una prueba de contraste entre el discurso político y los resultados concretos de gobierno.
Los huilenses tienen derecho a preguntarse si una administración asociada a uno de los mayores desastres financieros y administrativos de Neiva representa la mejor alternativa para dirigir el departamento. No corresponde a una columna condenar judicialmente a nadie. Pero sí corresponde exigir explicaciones, evaluar antecedentes y recordar que la confianza pública se construye con resultados, no con excusas.
Porque mientras las responsabilidades legales continúan discutiéndose en los estrados, las responsabilidades políticas ya están a la vista de todos. Y en política, tan importante como lo que se promete es lo que se deja cuando se gobierna, en este caso una deuda y embargo a las cuentas de hacienda del municipio de Neiva por 6400 millones.
