El día de quienes escriben la historia por barrios y veredas
Por eso, desde la Gobernación del Huila y el IDACOHUILA hemos entendido que el respaldo a la acción comunal se demuestra con confianza práctica. Cuando firmamos un convenio solidario para que una junta urbana mejore su caseta comunal o su parque, o para que una junta rural adecúe un restaurante escolar o construya una placa huella, estamos haciendo algo que va más allá de la obra física. Le estamos diciendo a los vecinos que sus líderes tienen con qué responderles y que la plata pública, manejada por la propia comunidad, rinde más y se cuida mejor.
En casi todos los barrios y veredas del Huila hay un cuaderno de pasta dura, guardado con cuidado en la casa del secretario o del presidente de la junta, donde está escrita a mano la historia real de nuestra gente. Si uno abre esas páginas amarillentas, no encuentra discursos políticos ni teorías complejas; lo que lee son listas de vecinos que pusieron un jornal un domingo para abrir una zanja, rifas de empanadas para comprar las tejas del salón comunitario y comisiones que madrugaron a las empresas públicas para lograr que por fin instalaran los postes de la luz o el alcantarillado de la cuadra.
Hoy, domingo 8 de noviembre, celebramos en Colombia el Día de la Acción Comunal. Pensar en esta fecha me lleva a esos libros de actas porque explican cómo se levantaron tanto nuestras montañas como nuestras ciudades. Buena parte de los barrios populares de Neiva, Pitalito, Garzón, La Plata o Campoalegre, por mencionar algunos municipios, nacieron precisamente alrededor de una Junta de Acción Comunal. Fueron los mismos habitantes quienes trazaron las calles a cordel, bautizaron su sector, gestionaron el pavimento cuadra por cuadra y pelearon por tener un puesto de salud, un polideportivo o una ruta de transporte. Mientras en el campo el comunal abría caminos a pico y pala en la cordillera, en el casco urbano el líder barrial convertía potreros y lotes polvorientos en vecindarios dignos.
Esa vocación tiene un origen muy concreto. En 1958, cuando el país buscaba cómo levantarse de la violencia partidista, el sociólogo Orlando Fals Borda acompañó a los habitantes de Saucío, en Chocontá (Cundinamarca), a organizarse para levantar su propia escuela. De esa experiencia nació la primera junta del país y, ese mismo año, la Ley 19 institucionalizó la acción comunal en Colombia. La enseñanza de aquel momento sigue intacta: cuando los ciudadanos se juntan para resolver lo que les duele a todos, la desconfianza cede y aparece la comunidad.
Con el paso de las décadas, aquel ejercicio se convirtió en la red social más grande del país, con cerca de 65.000 organizaciones y más de siete millones de afiliados. En el Huila contamos hoy con más de 2.500 Juntas de Acción Comunal distribuidas en los 37 municipios. Aunque en las zonas rurales la junta suele ser la única presencia organizativa donde el Estado tarda en asomarse, en las comunas urbanas su papel es igual de decisivo. En un barrio, el presidente de la junta sabe qué adulto mayor vive solo, qué jóvenes necesitan una cancha iluminada para no caer en malos pasos y en qué esquina hace falta seguridad. Y tanto en la ciudad como en el campo, son los comités de conciliación de las juntas los que sientan a dos vecinos a dialogar por el ruido, un lindero o una humedad antes de que un disgusto termine en tragedia.
Admirar ese recorrido histórico nos obliga también a mirar de frente lo difícil que se ha vuelto ejercer este liderazgo. Hoy a un dignatario no le basta con tener vocación de servicio; le toca lidiar con estatutos tributarios, plataformas digitales, trámites bancarios y requisitos jurídicos que muchas veces agotan a quien trabaja ad honorem sacándole horas a su familia o a su descanso. Si las instituciones no les facilitamos la vida administrativa, se nos va a hacer cada vez más cuesta arriba lograr el relevo generacional para que los jóvenes de los barrios y del campo reciban la bandera de los líderes fundadores.
A esa carga burocrática se suma la compleja realidad de orden público que atraviesa el departamento. Ya sea en las veredas donde grupos armados pretenden imponer reglas y suplantar la autoridad comunitaria, o en los sectores urbanos golpeados por el microtráfico y la inseguridad que buscan intimidar a los líderes barriales, nuestros comunales necesitan sentir que las instituciones están de su lado para cuidar su vida y su autonomía.
Por eso, desde la Gobernación del Huila y el IDACOHUILA hemos entendido que el respaldo a la acción comunal se demuestra con confianza práctica. Cuando firmamos un convenio solidario para que una junta urbana mejore su caseta comunal o su parque, o para que una junta rural adecúe un restaurante escolar o construya una placa huella, estamos haciendo algo que va más allá de la obra física. Le estamos diciendo a los vecinos que sus líderes tienen con qué responderles y que la plata pública, manejada por la propia comunidad, rinde más y se cuida mejor.
En este 8 de noviembre vale la pena reconocer a esos miles de huilenses que llevan décadas cargando una carpeta debajo del brazo para pedir por su cuadra o por su vereda. Ellos nos recuerdan todos los días que el departamento no se construye desde la distancia de un escritorio, sino en el trabajo constante de quienes deciden no ser indiferentes frente al lugar donde viven.