Ley de sometimiento avanzó sin que Daniel Briceño sustentara la ponencia y con exclusión del debate, denuncian congresistas

La discusión del proyecto de ley de sometimiento a la justicia avanzó en la Cámara de Representantes en medio de denuncias por presuntas irregularidades en el procedimiento legislativo. Congresistas del Pacto Histórico cuestionaron que Daniel Briceño, ponente de la iniciativa, no habría presentado ni sustentado la ponencia positiva antes de que se abriera la discusión y la votación.

El representante Heráclito Landínez aseguró que Briceño no realizó la exposición de su ponencia y pidió dejar constancia de lo ocurrido. “El representante Daniel Briceño, ponente de la ley de sometimiento, no realizó en ningún momento su exposición de su ponencia positiva. ¡No habló un solo segundo!”, manifestó.

Landínez sostuvo que esta actuación constituiría un posible vicio de procedimiento y citó el artículo 176 de la Ley 5.ª de 1992, que establece que el ponente debe explicar el alcance y la importancia del proyecto antes de abrir la discusión.

“Esta irregularidad debe quedar registrada y será uno de los argumentos que llevaremos ante la Corte Constitucional”, advirtió el representante del Pacto Histórico.

Cuestionamientos al debate 

La controversia se produjo después de que la plenaria rechazara, con 102 votos por el No y 47 por el Sí, la ponencia que proponía archivar la iniciativa. Con esta decisión, la corporación dio paso a la discusión de la ponencia positiva, que busca mantener el proyecto en trámite.

Una de las primeras en cuestionar el procedimiento fue la representante María Fernanda Carrascal, quien señaló a la mesa directiva de desconocer las reglas de deliberación establecidas en la Ley 5 de 1992.

“La mesa directiva sigue viciando los proyectos trascendentales del país por sus afán de hacerle juego al Gobierno. Hoy se saltan la deliberación del informe de ponencia, en contravía directa de la Ley 5 de 1992”, manifestó. También cuestionó que el representante Daniel Briceño no hubiera sustentado la ponencia antes de abrirse la votación.

Por su parte, el representante Daniel Monroy denunció que el presidente de la Cámara, habría abierto la votación sin que previamente se sustentara el informe de ponencia. Según afirmó, esta actuación habría viciado el trámite y permitido que algunas bancadas votaran sin conocer el contenido de la propuesta.

“Básicamente las bancadas de Gobierno votaron un proyecto sin conocerlo, una vergüenza”, expresó Monroy, quien también cuestionó la forma en que se estaba desarrollando la discusión.

Pacto Histórico denuncia exclusión del debate

Otro de los cuestionamientos del representante Daniel Monroy del Pacto Histórico agregó, fue que su bancada fue retirada del debate de la iniciativa. El congresista sostuvo que no se les permitió intervenir ni presentar observaciones sobre el contenido del proyecto.

Durante su intervención a través de redes sociales, afirmó que la iniciativa busca otorgar beneficios a narcotraficantes, testaferros y lavadores de activos, así como a responsables de reclutamiento de menores. También cuestionó las penas previstas para delitos graves y advirtió que el texto dejaría por fuera conductas como crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad.

El congresista agregó que el proyecto modificaría las funciones del Ministerio del Interior y podría facilitar la contratación sin suficiente publicidad. 

El proyecto continúa su trámite

La iniciativa establece un marco jurídico para el sometimiento a la justicia de integrantes de organizaciones armadas ilegales. Entre sus disposiciones contempla beneficios penales condicionados a compromisos como la entrega de armas, bienes e información, además de modificaciones a la Ley 418 de 1997.

El Congreso debe avanzar en la discusión antes del vencimiento, previsto para el 4 de noviembre, de las disposiciones cuya prórroga se tramita. Tras el rechazo de la ponencia de archivo, la Cámara continuará con el estudio de la ponencia positiva y deberá definir el futuro del proyecto.