JEP recorta gastos y seguridad: reducirá su sede y ajustará contratos
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció un profundo ajuste en sus gastos de funcionamiento que contempla el traslado a una sede más pequeña, la reducción de esquemas de protección y la dism…
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció un profundo ajuste en sus gastos de funcionamiento que contempla el traslado a una sede más pequeña, la reducción de esquemas de protección y la disminución de contratos de prestación de servicios. Las medidas fueron anunciadas por su nuevo presidente, el magistrado Danilo Rojas, quien confirmó que la entidad entregará su actual edificio en marzo de 2027.
La institución pasará de ocupar una infraestructura de 15.000 metros cuadrados a una sede de apenas 4.200 metros cuadrados. Según Rojas, esta decisión permitirá ahorrar aproximadamente 26.000 millones de pesos anuales. El cambio también implicará adoptar el trabajo virtual como modalidad habitual e implementar un esquema rotativo de labores para optimizar el uso de las instalaciones.
Otro de los componentes del ajuste será la reducción de los esquemas de protección para magistrados, fiscales y el secretario ejecutivo. La medida también cobijará los dispositivos de seguridad destinados a víctimas, testigos y comparecientes, con un ahorro estimado de 37.000 millones de pesos al año. Esta decisión plantea interrogantes sobre las condiciones de seguridad de las personas que participan en los procesos judiciales de la jurisdicción.
Los recortes también alcanzarán los contratos de prestación de servicios, como parte de la estrategia para disminuir los gastos administrativos. Aunque la JEP busca optimizar sus recursos, las modificaciones deberán implementarse sin afectar las labores de investigación, juzgamiento y acompañamiento a las víctimas del conflicto armado.
El anuncio se produce en un momento clave para la jurisdicción, que tiene a su cargo esclarecer graves violaciones de derechos humanos y avanzar en la justicia transicional. El desafío será conseguir los ahorros proyectados sin debilitar las garantías de seguridad ni la capacidad institucional para cumplir con los compromisos adquiridos en el marco del Acuerdo de Paz.