Polémica por nómina de $765 millones mensuales en el Fondo Milagro

Jorge Camilo Puentes

Polémica por nómina de $765 millones mensuales en el Fondo Milagro

Una nómina mensual cercana a los $766 millones desató una controversia alrededor del Fondo Milagro, organismo encargado de administrar los recursos destinados a la reconstrucción de las zonas afectada…

Una nómina mensual cercana a los $766 millones desató una controversia alrededor del Fondo Milagro, organismo encargado de administrar los recursos destinados a la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto. La situación llevó al presidente Abelardo De La Espriella a ordenar la suspensión de los pagos salariales, al considerar que las asignaciones no corresponden con la política de austeridad de su Gobierno.

La entidad, dirigida por Jaime Uribe, cuenta con 27 funcionarios cuyos salarios básicos representan un gasto mensual de $765.641.454, de acuerdo con información revelada por la senadora Kamelia Zuluaga mediante un derecho de petición. El reporte señala que 20 de los cargos tienen remuneraciones superiores a los $30 millones mensuales, sin incluir primas ni prestaciones sociales.

A través de sus redes sociales, De La Espriella rechazó las asignaciones salariales y aseguró que había ordenado revertirlas de inmediato. También anunció que adoptará medidas correctivas frente a los funcionarios que tomen decisiones contrarias a las directrices presidenciales.

Sin embargo, los cuestionamientos al Fondo Milagro no se limitan a su estructura administrativa. Congresistas y alcaldes de municipios afectados han expresado preocupación por la lentitud en la entrega de ayudas económicas y el avance de los proyectos de reconstrucción.

Aunque el organismo tiene un presupuesto aprobado de $624.656 millones para intervenciones urgentes, los procesos contractuales adelantados suman $7.440 millones, principalmente para demoliciones e interventorías en Pereira y Cali. La diferencia entre los recursos disponibles y los procesos ejecutados mantiene bajo escrutinio la gestión de una entidad de la que dependen miles de afectados.

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