Ley anticapuchas avanza y reabre debate sobre la protesta
La Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate el denominado Proyecto de Ley Anticapuchas, una iniciativa que busca establecer sanciones penales para quienes oculten su ide…
La Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate el denominado Proyecto de Ley Anticapuchas, una iniciativa que busca establecer sanciones penales para quienes oculten su identidad con el propósito de cometer actos vandálicos durante manifestaciones públicas. La propuesta recibió 20 votos a favor y dos en contra, y ahora continuará su trámite legislativo en la plenaria de la corporación.
El proyecto, impulsado por el representante Jaime Arizabaleta, del Centro Democrático, consta de cuatro artículos y pretende incorporar a la legislación penal el delito de «acto vandálico mediante el ocultamiento de identidad». La iniciativa también plantea modificar el artículo 353A de la Ley 599 de 2000, relacionado con la obstrucción de vías públicas que afecte el orden público.
Durante la discusión, el representante del Pacto Histórico Daniel Monroy presentó una proposición para archivar el proyecto, pero fue derrotada con 21 votos en contra y 15 a favor. Por su parte, la representante Laura Beltrán cuestionó la iniciativa al considerar que podría convertirse en un mecanismo para criminalizar la protesta social.
Uno de los puntos más controvertidos es la definición de ocultamiento de identidad, que incluye el uso deliberado de prendas, máscaras, pasamontañas y otros elementos destinados a impedir o dificultar la identificación de una persona durante la comisión de actos vandálicos. Sin embargo, el debate gira alrededor de las posibles implicaciones de esta regulación para quienes utilizan estos elementos en el ejercicio de la movilización social.
De aprobarse definitivamente, quienes cometan actos vandálicos mientras ocultan su identidad podrían enfrentar penas de prisión de 54 a 96 meses y multas de entre 50 y 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Arizabaleta fue designado ponente para el segundo debate, mientras persisten las preocupaciones sobre los límites entre la persecución de conductas violentas y las garantías constitucionales para la protesta.
