Decreto sobre muertes en operativos militares deja dudas

El Gobierno Nacional prepara un decreto para regular los procedimientos institucionales que deberán activarse cuando se registren muertes durante operaciones legalmente ordenadas de la Fuerza Pública. La iniciativa busca establecer responsabilidades y mejorar la coordinación entre las autoridades, aunque el borrador todavía presenta vacíos importantes sobre la protección de las escenas y la preservación de los cuerpos.

La propuesta involucra a los ministerios del Interior, Defensa y Justicia, así como a la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, los gobernadores y los alcaldes. Estas instituciones deberán establecer canales de comunicación para garantizar una respuesta coordinada ante los fallecimientos relacionados con operaciones militares o policiales.

Uno de los puntos centrales establece que cualquier integrante de la Fuerza Pública que tenga conocimiento de una muerte vinculada con una operación legalmente ordenada deberá informar inmediatamente a la Fiscalía o a la autoridad de policía judicial competente. También tendrá que entregar la información necesaria para facilitar las investigaciones.

Sin embargo, el proyecto no establece con precisión cómo deberán protegerse los cadáveres ni quién tendrá la responsabilidad de preservar las escenas mientras llegan los equipos judiciales y forenses. Tampoco determina tiempos máximos de respuesta, lo que abre interrogantes sobre las garantías para adelantar investigaciones independientes y evitar posibles alteraciones de las evidencias.

El borrador contempla una implementación inicial de seis meses, con una evaluación intermedia a los tres meses y un informe final. No obstante, todavía quedan pendientes aspectos fundamentales como la determinación de las autoridades responsables de establecer el vínculo entre las muertes y las operaciones, el manejo de la cadena de custodia y las consecuencias institucionales por incumplimientos.