La compra de Salvajina no puede relegar al Cauca: alertan sobre los derechos de las comunidades
La posible adquisición de la Central Hidroeléctrica Salvajina por parte de las Empresas Municipales de Cali (Emcali) abrió un debate sobre los derechos de las comunidades del Cauca, los compromisos ambientales y la participación de los territorios afectados en las decisiones relacionadas con la represa. La discusión surge ante la propuesta de intercambiar la participación accionaria de Emcali en Celsia por la central hidroeléctrica, ubicada en el municipio de Suárez.
En un artículo publicado en la sección Red Verde de La Silla Vacía, se advierte que la negociación no debe concentrarse únicamente en los aspectos financieros, sino también en las obligaciones sociales y ambientales que acompañan la operación de Salvajina.
Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con las afectaciones históricas a las comunidades indígenas de los resguardos de Honduras y Cerro Tijeras. En 2014, la Corte Constitucional reconoció impactos asociados con el aislamiento de estas poblaciones y las dificultades para acceder a servicios básicos, además de ordenar medidas de participación y compensación.
El debate también plantea interrogantes sobre quién asumiría las obligaciones pendientes si cambia el propietario de la central y cómo se garantizaría la participación de las comunidades en las decisiones que puedan afectar sus territorios y el manejo del agua.
La iniciativa de Emcali busca incorporar Salvajina a su patrimonio mediante un intercambio de activos. Sin embargo, la operación todavía requiere valoraciones, negociaciones y las autorizaciones correspondientes, por lo que su eventual cierre está previsto para 2027.
El llamado central es que la adquisición de la hidroeléctrica no deje en segundo plano al Cauca ni los derechos de las comunidades que han convivido con los impactos de la represa. La discusión, además de económica, involucra compromisos ambientales, reparación y participación territorial.
