JEP advierte posible arresto por desacato al Ministerio de Cultura
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) elevó la presión sobre el Gobierno nacional por el retiro de varias piezas y contenidos del Museo Nacional de Colombia, en Bogotá. La magistratura advirtió q…
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) elevó la presión sobre el Gobierno nacional por el retiro de varias piezas y contenidos del Museo Nacional de Colombia, en Bogotá. La magistratura advirtió que podría imponer medidas correccionales, incluido el arresto de hasta cinco días, si el Ministerio de Cultura continúa sin entregar la información solicitada sobre el traslado de estos elementos.
La controversia comenzó después de que el Ministerio ordenara retirar determinadas piezas del museo, decisión que posteriormente fue objeto de una medida judicial que dispuso su restitución. Aunque el Gobierno anunció que impugnará esa determinación, la JEP también solicitó explicaciones sobre las circunstancias y razones que motivaron el traslado, con el propósito de establecer si se afectaron los derechos de las víctimas del conflicto armado.
En su respuesta, el Ministerio de Cultura sostuvo que no ha sido vinculado directamente al procedimiento y que, por esa razón, la jurisdicción no tendría competencia para impartirle órdenes. La cartera también manifestó que ya suministró información sobre lo ocurrido a otras autoridades judiciales y administrativas.
Sin embargo, el magistrado Raúl Eduardo Sánchez rechazó esos argumentos y aseguró que la entidad sí está vinculada a las medidas cautelares nacionales relacionadas con la desaparición forzada. Por ello, reiteró que la entrega del informe no constituye una colaboración voluntaria, sino una obligación derivada de una orden judicial.
La JEP advirtió que, si persiste el incumplimiento, podrá iniciar un procedimiento correccional contra la persona responsable, que eventualmente podría enfrentar multas o arresto inconmutable de hasta cinco días. La controversia vuelve a poner sobre la mesa la importancia de preservar los espacios de memoria y garantizar que las decisiones institucionales no desconozcan los derechos de las víctimas.