Fiscalía acusa a exministra María Isabel Urrutia por contrato de $4.950 millones

La Fiscalía General de la Nación formuló acusación contra la exministra del Deporte María Isabel Urrutia Ocoró por presuntas irregularidades en un convenio interadministrativo que superó los 4.950 millones de pesos y que estaba relacionado con la implementación de un sistema de validación para el ingreso a los estadios de fútbol.

La acusación fue presentada por una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia y señala a la exfuncionaria como presunta responsable de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público. Los hechos están relacionados con la aplicación del sistema contemplado en el Decreto 1622 de 2022.

De acuerdo con la investigación, el Ministerio del Deporte tenía la responsabilidad de implementar una herramienta tecnológica que permitiera vincular los documentos de identidad de los aficionados con sus entradas a los escenarios deportivos y verificar sus antecedentes, con el propósito de impedir el ingreso de personas que tuvieran restricciones para asistir a estos eventos.

La Fiscalía sostiene que Urrutia contrató directamente con Aldesarrollo el análisis para implementar el Sistema de Validación Nacional, sin garantizar, presuntamente, la pluralidad de oferentes. Además, señala que el convenio habría condicionado la subcontratación de una particular cuya participación, según las evidencias recopiladas, habría sido acordada previamente. También cuestiona la ausencia de estudios de mercado y de procedimientos para establecer los costos del proyecto.

Otro de los señalamientos apunta a que la entonces ministra habría desatendido advertencias de funcionarios técnicos y jurídicos del Ministerio sobre posibles irregularidades en la contratación. El convenio fue firmado el 30 de diciembre de 2022 y, según la Fiscalía, en los estudios previos y en el acto administrativo de justificación se habrían incluido afirmaciones contrarias a la verdad. Ahora, Urrutia deberá enfrentar el proceso judicial para responder por los cargos formulados.