Contratos por $230.000 millones para sistemas antidrones están bajo cuestionamiento
Al menos 230.000 millones de pesos ha destinado el Estado colombiano, entre 2022 y noviembre de 2026, a la adquisición de sistemas antidrones para enfrentar las amenazas de grupos armados ilegales con…
Al menos 230.000 millones de pesos ha destinado el Estado colombiano, entre 2022 y noviembre de 2026, a la adquisición de sistemas antidrones para enfrentar las amenazas de grupos armados ilegales contra la fuerza pública y la población civil. Sin embargo, buena parte de los contratos se habría adjudicado sin procesos competitivos de selección.
De acuerdo con la información conocida, se identificaron al menos 13 contratos suscritos por entidades nacionales y territoriales, cuyo valor conjunto equivale a cerca de 57 millones de dólares. La investigación advierte que, en la mayoría de los casos, los contratistas habrían sido escogidos directamente, sin garantizar competencia entre oferentes.
Uno de los contratos más cuantiosos fue firmado en diciembre de 2024 por el Ministerio del Interior con CODALTEC, por cerca de 91.000 millones de pesos, para desarrollar e implementar un sistema integral antidrones destinado al Ejército Nacional. La empresa mixta del sector defensa ya había sido objeto de cuestionamientos de la Contraloría por presuntas deficiencias en su experiencia técnica y por actuar como intermediaria mediante subcontrataciones.
Los gobiernos territoriales también aparecen en el panorama. La Gobernación del Meta suscribió un contrato de 5.000 millones de pesos con la Red SUMMA sin un proceso de selección competitivo, mientras que la administración del Cauca pagó 4.100 millones a Biotelecomm mediante contratación directa, bajo la figura de urgencia manifiesta.
El Valle del Cauca registró el mayor número de contratos durante el periodo revisado, con adquisiciones a Atlantic Tactical Group y BTC Intelligence. También llaman la atención las compras realizadas por las policías metropolitanas de Cúcuta y Popayán a la Unión Temporal G&G, por 17.000 y 10.000 millones de pesos, respectivamente. Los casos reabren el debate sobre la transparencia, la vigilancia y el uso de los recursos públicos destinados a fortalecer la seguridad.