Ya inició la expedición del nuevo pasaporte colombiano bajo control estatal
Desde esta semana, Colombia dio un paso histórico en la gestión de la identidad de sus ciudadanos: comenzó oficialmente la expedición del nuevo pasaporte colombiano, ahora bajo un modelo liderado directamente por el Estado.
El proceso, que marca el fin de casi dos décadas de tercerización, está a cargo de la Imprenta Nacional en articulación con la Cancillería. Este cambio estructural busca fortalecer el control institucional, garantizar mayor seguridad en el manejo de datos y consolidar la soberanía tecnológica del país.
La implementación responde a la hoja de ruta presentada en febrero por el presidente Gustavo Petro, quien destacó en su momento los avances tecnológicos del nuevo documento, así como su impacto en los controles migratorios a nivel internacional.
El nuevo pasaporte incorpora un chip electrónico, sistemas avanzados de encriptación, microtextos, tintas de seguridad y un diseño renovado con elementos representativos de la cultura y biodiversidad colombiana. Estas características cumplen con los estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), lo que garantiza su validez y reconocimiento global.
Uno de los principales cambios es que la personalización del documento ahora se realiza en territorio nacional, sin intermediarios privados. Esto permite una mayor trazabilidad del proceso y refuerza la protección de la información de los ciudadanos mediante infraestructura de clave pública (PKI).
Según la Imprenta Nacional, este modelo no solo mejora la seguridad, sino que también representa un beneficio económico para el país, ya que los recursos generados retornarán al Estado.
La transición será gradual y no afectará a los ciudadanos. Las autoridades reiteraron que no es necesario renovar los pasaportes vigentes y que el servicio continuará operando con normalidad mientras se agotan las existencias actuales.
Además, la distribución del documento estará a cargo de la empresa estatal 472, fortaleciendo así la cadena pública en todo el proceso.
Con este nuevo esquema, el Gobierno nacional no solo moderniza un documento clave, sino que redefine la forma en que el Estado administra la identidad de sus ciudadanos, apostando por mayor autonomía, seguridad y capacidad tecnológica.
El proceso, que marca el fin de casi dos décadas de tercerización, está a cargo de la Imprenta Nacional en articulación con la Cancillería. Este cambio estructural busca fortalecer el control institucional, garantizar mayor seguridad en el manejo de datos y consolidar la soberanía tecnológica del país.
La implementación responde a la hoja de ruta presentada en febrero por el presidente Gustavo Petro, quien destacó en su momento los avances tecnológicos del nuevo documento, así como su impacto en los controles migratorios a nivel internacional.
El nuevo pasaporte incorpora un chip electrónico, sistemas avanzados de encriptación, microtextos, tintas de seguridad y un diseño renovado con elementos representativos de la cultura y biodiversidad colombiana. Estas características cumplen con los estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), lo que garantiza su validez y reconocimiento global.
Uno de los principales cambios es que la personalización del documento ahora se realiza en territorio nacional, sin intermediarios privados. Esto permite una mayor trazabilidad del proceso y refuerza la protección de la información de los ciudadanos mediante infraestructura de clave pública (PKI).
Según la Imprenta Nacional, este modelo no solo mejora la seguridad, sino que también representa un beneficio económico para el país, ya que los recursos generados retornarán al Estado.
La transición será gradual y no afectará a los ciudadanos. Las autoridades reiteraron que no es necesario renovar los pasaportes vigentes y que el servicio continuará operando con normalidad mientras se agotan las existencias actuales.
Además, la distribución del documento estará a cargo de la empresa estatal 472, fortaleciendo así la cadena pública en todo el proceso.
Con este nuevo esquema, el Gobierno nacional no solo moderniza un documento clave, sino que redefine la forma en que el Estado administra la identidad de sus ciudadanos, apostando por mayor autonomía, seguridad y capacidad tecnológica.
