Uribe reabre la cuenta del Acuerdo de Paz a una década del plebiscito
El expresidente cuestiona los resultados de la implementación del acuerdo y plantea cambios en narcotráfico, justicia transicional y derechos políticos, mientras el Huila registra 23 homicidios de excombatientes.
Este viernes se cumplen diez años del plebiscito que rechazó el primer texto del Acuerdo de Paz con las Farc. Álvaro Uribe, quien lideró la campaña por el No en 2016, vuelve a la escena pública para señalar que la paz firmada dejó asuntos sin resolver y requiere cambios profundos. El expresidente, a través de redes sociales, planteó tres ejes de crítica que concentran el debate político actual sobre la implementación del acuerdo.
El primero toca el narcotráfico. Uribe afirma que Colombia produjo 150 toneladas de cocaína en 2010 y llegó a 2.100 toneladas en 2024, fenómeno que vincula directamente con el incremento de violencia en varias regiones. Aunque las antiguas Farc dejaron las armas tras la firma del acuerdo definitivo en noviembre de 2016, diferentes estructuras armadas surgieron o se apartaron del proceso de reincorporación, disputándose el control del narcotráfico y territorios donde operaba la guerrilla.
El segundo punto apunta a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El Centro Democrático, partido de Uribe, impulsa una reforma para que las decisiones de la justicia transicional contra militares sean revisadas automáticamente por la Justicia Penal Militar y que las penas no superen cinco años, con alternativas restaurativas. Esta es una propuesta política del partido, no una modificación vigente del sistema.
La cuestión de los derechos políticos
Uribe también cuestiona que antiguos integrantes de las Farc hayan accedido a derechos políticos como parte del acuerdo. Plantea abrir la discusión sobre mecanismos que permitan a otros colombianos condenados recuperar sus derechos políticos, un punto que busca equiparar la situación de excombatientes con otros ciudadanos priva dos de participación electoral.
El plebiscito de 2016 fue cerrado: el No obtuvo 6.431.376 votos frente a 6.377.482 del Sí, una diferencia de apenas 53.894 sufragios. Aunque el resultado rechazó el texto original, el Gobierno de Santos negocié con los sectores que votaron por el rechazo e introdujo modificaciones. El acuerdo final fue refrendado por el Congreso el 24 de noviembre de 2016.
Balance y contexto regional
La implementación del acuerdo ha incluido entrega de armas, reincorporación de excombatientes, reparación de víctimas, desarrollo rural y participación política. Sin embargo, una década después, varios compromisos continúan generando tensión política y judicial. El Centro Democrático sostiene que desde 2016 han sido asesinados 1.777 líderes sociales y 525 firmantes del acuerdo, aunque estas cifras corresponden a afirmaciones del partido y requieren contrastar con registros oficiales de entidades que documentan cada fenómeno.
En el Huila, el debate nacional sobre la paz adquiere rostro concreto: 23 homicidios de excombatientes en la región en los últimos años reflejan una realidad que trasciende discursos políticos. Estos asesinatos apuntan a disputas territoriales por control del narcotráfico y muestran que la reincorporación no ha resuelto los riesgos que enfrentan quienes dejaron las armas.
La conmemoración del plebiscito no cierra el debate sino que lo reactiva. Para Uribe, la discusión sigue abierta y pasa por corregir lo que considera errores heredados de la implementación. Para otros sectores, la paz sigue siendo un proceso inacabado que requiere fortalecimiento institucional, no retrocesos. El balance a diez años no es un cierre sino un punto de reflexión sobre cuánto falta por hacer.
Equipo editorial - Dime Media
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