Un bien público

Aunque de fondo los interesados en la expropiación de esos activos (controlados por la Diócesis de Neiva mediante la parroquia local) piensan que las investigaciones de la JEP no van por buen camino en cuanto al esclarecimiento total de la suerte de sus parientes victimizados y conducidos subrepticiamente a ese destino final, sus reclamos invocan también razones históricas, asociadas a los personajes públicos cuyos cuerpos fueron depositados allí, incluido un famoso guerrillero palermuno, Saúl Quintero, al que le atribuyen la realización de milagros y favores, luego de su muerte violenta a manos de agentes del Estado, a los que enfrentó con valentía y arrojo. 

Como si se tratara de santos de la iglesia, varios de ellos son motivo de invocación espiritual en la incansable búsqueda de ayuda y auxilio populares para esos continuos visitantes que hasta llegan a producir formas de romería, en procesión constante: sus invocados son objeto de curiosas formas de adoración y fe.

INSISTENCIA ANTE EL GOBIERNO 

La petición urgente de miembros de la sociedad civil involucrados en la búsqueda afanosa de sus seres queridos -sin rastro aún de ellos en el territorio surcolombiano-, tiene que ver con el desorden que registra el camposanto en el manejo de los ciudadanos ajusticiados por los organismos de seguridad en las últimas décadas. La imprecisión afecta las cifras oficiales sobre el espinoso tema, pese a que la JEP abrió el ojo, amén de la misma Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, que le sigue la pista institucional, en medio de la reserva natural de sus funciones, lejos de la calificación criminal de los responsables, señalada en la ley. 

Dentro de las posibles causas del entuerto investigativo, ante la inoperancia temporal de las pesquisas técnicas, fue señalada la curia episcopal que, según los denunciantes (ver documentos de OBSURDH en Facebook sobre la propuesta declaratoria de bien público del terreno cuasi-episcopal), convirtió en un negocio la inhumación de víctimas no identificadas del conflicto social y político, lo mismo que los términos de usufructo de un predio que supuestamente le pertenecería al curato. Los movimientos temporales de restos humanos  y las fosas no especificadas de los N.N., las también llamadas ?comunes?, dificultan la identificación de muchos individuos asesinados por el gobierno y sus agentes de seguridad, en cifras de suyo escandalosas para los observadores. Se supone que en varias partes interiores del camposanto existe promiscuidad en la distribución de los ocupantes de las fosas, con ese origen específico, en tanto que la verdad huye precipitadamente, de no tomarse correctivos más drásticos. Esta historia tiene carácter político-social en lo grueso de su desarrollo, todavía sumido en las sombras tenebrosas.