¿Sin dinero para la democracia en Colombia?
El presidente Gustavo Petro negó que las elecciones estén en riesgo, afirmando que los recursos electorales están en la Registraduría y no fueron afectados.
El Gobierno Nacional expidió el Decreto 0069 del 24 de enero de 2025, aplazando $12 billones no financiados del Presupuesto General de la Nación, reduciendo el total de $523 billones a $511 billones.
Uno de los organismos afectados es el Consejo Nacional Electoral (CNE), que sufrió una disminución del 56.75% de su presupuesto, comprometiendo su componente electoral y las elecciones atípicas y presidenciales.
Álvaro Hernán Prada, presidente del CNE, advirtió que este ajuste afecta gravemente la autonomía del organismo, poniendo en riesgo procesos esenciales como la contratación de auditorías, ciberseguridad, supernumerarios y testigos electorales. Según Prada, el recorte obstaculiza actividades claves del calendario electoral, que inicia en marzo de 2025, comprometiendo la transparencia y legitimidad de las elecciones programadas para 2025 y 2026.
El CNE, que logró autonomía administrativa y presupuestaria durante la administración anterior, considera que el recorte afecta tanto su funcionamiento como la inspección y vigilancia electoral. Prada pidió al Gobierno replantear esta decisión y advirtió sobre la posibilidad de medidas jurídicas para revertir el decreto.
Por su parte, el presidente Gustavo Petro negó que las elecciones estén en riesgo, afirmando que los recursos electorales están en la Registraduría y no fueron afectados. Sin embargo, Prada insistió en que el debilitamiento presupuestario limita las funciones del CNE, afectando su capacidad para garantizar elecciones justas y transparentes.
Uno de los organismos afectados es el Consejo Nacional Electoral (CNE), que sufrió una disminución del 56.75% de su presupuesto, comprometiendo su componente electoral y las elecciones atípicas y presidenciales.
Álvaro Hernán Prada, presidente del CNE, advirtió que este ajuste afecta gravemente la autonomía del organismo, poniendo en riesgo procesos esenciales como la contratación de auditorías, ciberseguridad, supernumerarios y testigos electorales. Según Prada, el recorte obstaculiza actividades claves del calendario electoral, que inicia en marzo de 2025, comprometiendo la transparencia y legitimidad de las elecciones programadas para 2025 y 2026.
El CNE, que logró autonomía administrativa y presupuestaria durante la administración anterior, considera que el recorte afecta tanto su funcionamiento como la inspección y vigilancia electoral. Prada pidió al Gobierno replantear esta decisión y advirtió sobre la posibilidad de medidas jurídicas para revertir el decreto.
Por su parte, el presidente Gustavo Petro negó que las elecciones estén en riesgo, afirmando que los recursos electorales están en la Registraduría y no fueron afectados. Sin embargo, Prada insistió en que el debilitamiento presupuestario limita las funciones del CNE, afectando su capacidad para garantizar elecciones justas y transparentes.
