Salario mínimo en la cuerda floja: Consejo de Estado mantiene la incertidumbre
Consejo de Estado mantiene en vilo el aumento del salario mínimo: avala suspensión del decreto, pero el alza del 23% sigue en pie.
El pulso por el salario mínimo en Colombia sigue abierto. Este martes, el Consejo de Estado confirmó la suspensión del decreto expedido por el gobierno de Gustavo Petro, desatando nuevas tensiones jurídicas sobre el incremento del 23% para 2026.
Sin embargo, el mensaje del Gobierno fue inmediato: el aumento no se cae. Según el Ministerio de Trabajo, la decisión del alto tribunal no anula el llamado “salario mínimo vital”, sino que mantiene suspendido el primer decreto, mientras sigue vigente el segundo acto administrativo que ratifica el incremento.
En la práctica, nada cambia por ahora. Los trabajadores continuarán recibiendo un salario de $1.750.905, más un auxilio de transporte de $249.095.
Pero detrás de la aparente calma hay una batalla legal de fondo. El Consejo de Estado estudia si el Gobierno se excedió o no al fijar un aumento por fuera de los parámetros tradicionales establecidos en la ley, como la inflación, la productividad o el crecimiento económico.
Desde el Ejecutivo insisten en que no hubo extralimitación. Argumentan que el incremento responde a un enfoque más amplio: el concepto de salario mínimo vital, respaldado por estándares internacionales y por la propia Constitución, que habla de una remuneración “mínima, vital y móvil”.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, ha defendido que el ajuste incluso debió ser mayor, cercano al 28%, para acercarse al ingreso real que necesita una familia colombiana para cubrir sus necesidades básicas.
Del otro lado, sectores empresariales y algunos juristas advierten que el aumento podría ser ilegal y tener efectos inflacionarios, lo que ha llevado el debate a los estrados judiciales.
La Central Unitaria de Trabajadores, liderada por Fabio Arias, ya anunció que defenderá el decreto: “Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance”, advirtió.
Por ahora, el país queda en un terreno incierto: el salario sube, pero su futuro depende de un fallo definitivo. La decisión del Consejo de Estado no cierra el caso, sino que abre la puerta a un ajuste o incluso a un cambio en la forma en que Colombia define el salario mínimo.
El debate ya no es solo económico. Es, sobre todo, una disputa sobre hasta dónde puede llegar el Estado para garantizar condiciones de vida dignas.
Sin embargo, el mensaje del Gobierno fue inmediato: el aumento no se cae. Según el Ministerio de Trabajo, la decisión del alto tribunal no anula el llamado “salario mínimo vital”, sino que mantiene suspendido el primer decreto, mientras sigue vigente el segundo acto administrativo que ratifica el incremento.
En la práctica, nada cambia por ahora. Los trabajadores continuarán recibiendo un salario de $1.750.905, más un auxilio de transporte de $249.095.
Pero detrás de la aparente calma hay una batalla legal de fondo. El Consejo de Estado estudia si el Gobierno se excedió o no al fijar un aumento por fuera de los parámetros tradicionales establecidos en la ley, como la inflación, la productividad o el crecimiento económico.
Desde el Ejecutivo insisten en que no hubo extralimitación. Argumentan que el incremento responde a un enfoque más amplio: el concepto de salario mínimo vital, respaldado por estándares internacionales y por la propia Constitución, que habla de una remuneración “mínima, vital y móvil”.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, ha defendido que el ajuste incluso debió ser mayor, cercano al 28%, para acercarse al ingreso real que necesita una familia colombiana para cubrir sus necesidades básicas.
Del otro lado, sectores empresariales y algunos juristas advierten que el aumento podría ser ilegal y tener efectos inflacionarios, lo que ha llevado el debate a los estrados judiciales.
La Central Unitaria de Trabajadores, liderada por Fabio Arias, ya anunció que defenderá el decreto: “Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance”, advirtió.
Por ahora, el país queda en un terreno incierto: el salario sube, pero su futuro depende de un fallo definitivo. La decisión del Consejo de Estado no cierra el caso, sino que abre la puerta a un ajuste o incluso a un cambio en la forma en que Colombia define el salario mínimo.
El debate ya no es solo económico. Es, sobre todo, una disputa sobre hasta dónde puede llegar el Estado para garantizar condiciones de vida dignas.
