Reclutamiento de menores en filas de grupos armados al margen de la ley
Tras conocerse la muerte de los tres menores en el segundo bombardeo ordenado por el gobierno nacional en la llamada operación “Amón" continúa la preocupación por los niños, niñas y adolescentes que son reclutados en filas de grupos armados al margen de la ley, siendo las principales víctimas de una guerra que no cesa.
El operativo, que se dió el 27 de agosto de 2026 en zona rural de El Retorno, Guaviare. Tenía por objetivo desmontar campamentos de una estructura de las disidencias de las FARC, bloque “Jorge Suárez Briceño” al mando de alías ”Calarcá” de la que se conoce dejó 10 de sus integrantes muertos. Entre los asesinados se encuentran 3 menores de edad según un reciente de boletín de Medicina Legal, en donde se manifiesta que producto de la operación militar se ha reconocido que 9 de los 10 cuerpos han sido identificados, siendo 4 femeninos, 5 masculinos y 3 de ellos menores de edad, que tenían entre 15 y 16 años, además se reportó un capturado y la recuperación de otro menor.
A través de un comunicado el ministro de defensa, el general en retiro Jorge Mora, expresó que “El reclutamiento y la utilización de menores de edad en el conflicto constituye un crimen de guerra y una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario (DIH), es clara la responsabilidad de los grupos armados narcorterroristas que infringen no solo el estatuto de la Corte Penal Internacional como también la normatividad nacional que establece como tipo penal el reclutamiento ilícito de acuerdo a la ley 599 de 2000 del código penal colombiano”.
Según la Defensoría del Pueblo e información de Medicina Legal entre el 07 de agosto de 2022 al 23 de junio de 2026 la cifra de menores que fallecen durante los ataques a estas estructuras delictivas asciende a por lo menos 73 niñas, niños y adolescentes, de los cuales, 31 ocurrieron durante el año pasado, en dónde el departamento del Guaviare tiene prevalencia ante este tipo de casos.
Conforme a la misma institución, entre el 2024 y el 31 de julio de 2026 se conoció de 1.173 casos de reclutamiento, sin contar que muchos casos ni siquiera llegan a conocerse entre los registros oficiales.
La Defensora del Pueblo Iris Marín Ortiz además mencionó que el reclutamiento de menores está totalmente prohibido por el DIH, y la responsabilidad recae en los grupos armados que continúan realizando estas prácticas delictivas. Los niños, niñas y adolescentes, además no pierden su estado como víctimas del reclutamiento, por lo que el Estado debe continuar con sus responsabilidades para su protección, considerando que en las operaciones militares realizadas por el gobierno ante situaciones donde se conocen de numerosos menores de edad reclutados se debe actuar con precaución para de esta manera primar y proteger su vida.
Sobre el tema, además se conoce del caso 07 de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que se destinó desde el año 2019 a investigar sobre el reclutamiento y utilización de menores en el marco del conflicto armado. De allí se conocieron algunos testimonios de niños y niñas que vivieron de manera directa la situación de reclutamiento. Al respecto se dice que, “pudieron haberse cometido homicidios, torturas, tratos crueles, humillantes y degradantes, así como otros actos inhumanos. Esto, principalmente asociado a las sanciones disciplinarias a las que fueron expuestos, a sus condiciones de vida dentro de las Farc-EP”.
El reclutamiento de menores en filas de disidencias de las FARC y el ELN no solo genera indignación sino que también una profunda preocupación por la vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que se deben atender con prioridad y como víctimas de una guerra sistemática que no les pertenece.
