Quieren renovar los contadores de luz por unos digitales

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Quieren renovar los contadores de luz por unos digitales

La Corte anunció que ya abrió un proceso de investigación al congresista y da crédito al periodista Daniel Coronell por dar a conocer el caso

Una gran cantidad de los contadores de luz instalados en el país ya superó su vida útil, es por eso que a través de un proyecto de resolución, el Gobierno inició la ruta para realizar el cambio de estos medidores, por unos digitales, que podrían salir sin costo para los usuarios.



El Gobierno a través de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), adelanta la hoja de ruta para modernizar los contadores de luz en el país. El cambio se daría para cerca de 15 millones de medidores que hay actualmente en el territorio nacional.



En el borrador de resolución la Creg pondría en marcha este cambio por unos contadores digitales con los que se pueden hacer la lectura de forma remota del consumo de energía y también la suspensión del servicio en caso de no pago.



Para los contadores actuales, los usuarios tuvieron que comprarlos, en esta ocasión, el borrador de resolución propone dos formas de instalarlos: que el propietario del inmueble decida comprar el nuevo lector de medición, o permitir que el operador cambie el lector de disco por el moderno, en ese caso ellos asumen el gasto de instalación y custodia.



Estos serían los efectos potenciales de los nuevos contadores:



Permite el análisis de variaciones del consumo de cada usuario.



Se puede obtener una desagregación de información mucho más detallada que con los aparatos de medición actuales.



Esto puede disminuir la cantidad de quejas y disputas sobre facturación entre empresa y usuario.



La meta ambiciosa del Gobierno Nacional es que en los próximos nueve años, el país cuente en su totalidad con contadores digitales de consumo de energía eléctrica.



La iniciativa se plantea luego de las múltiples quejas que se presentaron en medio de la pandemia, por el costo de los servicios públicos, entre ellos, el de la energía.



Precisamente por esa situación es que la Superintendencia de Servicios abrió una investigación a 19 empresas de servicios públicos.


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