Quieren patentar la panela y poner a pagar por los derechos a los productores huilenses
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Como si fuera la gran novedad, un ingeniero del Ingenio Riopaila, anunció con bombos y platillos que descubrió un nuevo producto derivado de la caña de azúcar, que en resumen no es otra cosa que la panela, la misma que se produce en 29 departamentos del país.
La patente de un producto garantiza que sea sólo quien lo patentó pueda usarlo, venderlo o comerciarlo y si otros quieren hacerlo pues simplemente deberán pagar.
Jorge Enrique González Ulloa, ingeniero del Ingenio Riopaila, anuncio la creación de un nuevo producto , derivado de la caña de azúcar, en palabras del 'científico' descubrí el método para preservar el jugo de la caña de azúcar, este contiene minerales, vitaminas y proteínas, pero industrialmente, antes de mi invento patentado, se fermentaba y no se podía usar ,.
Ese método de preservación del jugo de caña, semiindustrializado o transformado, sin fermentarse, y conservando la mayoría de vitaminas y minerales no es otra cosa que la panela, la misma que producen miles de campesinos y campesinas en Colombia.
La patente perjudicará seriamente a las más de 350 mil familias paneleras en el país, afectando a más de 1'700.000 empleos directos y perjudicando gravemente la economía campesina y de pequeños y medianos productores en más de 29 departamentos a nivel nacional.
Esta patente es amenaza a la soberanía alimentaria tradicional del país, porque supondría mayor burocracia para la producción panelera (al tener que pedir permisos para usar el método patentado) y un aumento en los costos de producción, al tener que pagar por el uso de la fórmula, lo que redundaría en aumento del precio del principal endulzante en el país, así como persecución y posibles demandas contra los productores paneleros artesanales y campesinos.
Riopaila, la empresa que quiere apropiarse del conocimiento ancestral campesino colombiano, en el año 2013 se conoció que este ingenio azucarero estaba involucrado en el acaparamiento ilegal de más de 42.000 hectáreas de tierras en el departamento del Vichada, para lo cual construyeron 27 S.A.S (Sociedad por Acciones Simplificadas), buscando violar la normatividad colombiana que por ley debe entregar baldíos de la Nación a las comunidades campesinas sin tierra o con tierra insuficiente y además pone límites a la adjudicación de tierras.
