Proyecto Júpiter: Denuncian plan de empresas y estrategas para incidir en elecciones de 2026 desde la manipulación emocional
Una nueva controversia sacude el escenario político electoral, tras las revelaciones sobre el denominado “Proyecto Júpiter”, una presunta estrategia política y comunicacional que, según investigaciones periodísticas buscaría incidir en la opinión pública de cara a las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo.
El candidato Iván Cepeda solicitó formalmente a la fiscalía general de la Nación investigar los hechos y establecer si existen conductas delictivas. “Que se determine si son hechos constitutivos de delitos y, de ser así, se judicialice a los responsables”, señaló, en una petición dirigida a la fiscal Luz Adriana Camargo.
De acuerdo con la investigación divulgada por Señal Colombia y la Revista Raya, el plan estaría siendo liderado por Jaime Bermúdez Merizalde, ex canciller y estratega del expresidente Álvaro Uribe Vélez, con el respaldo de sectores empresariales, centros de pensamiento y plataformas mediáticas.
Entre las organizaciones mencionadas aparecen Origen: Red de Liderazgo, el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, Colombia Construye Confianza, Libertank y Unidad de Acción Vallecaucana, que habrían participado en la realización de “talleres democráticos” en entornos laborales.
Según el informe, estas actividades realizadas en marzo estarían dirigidas a trabajadores de distintas empresas, con el objetivo de influir en percepciones políticas mediante narrativas de “miedo, indignación e incertidumbre”, una estrategia que recuerda metodologías utilizadas en campañas como el plebiscito de 2016.
Uno de los puntos más sensibles del caso es el componente digital. La investigación señala que el monitoreo de emociones y comportamiento en redes sociales estaría a cargo de la empresa Baus Territorial, cuyo propietario es Mateo Gómez Baus. Este nombre no es menor: Gómez Baus fue señalado en 2017 por presuntamente coordinar la creación de cerca de 200 perfiles falsos en la red social X durante la alcaldía de Federico Gutiérrez en Medellín, con el fin de posicionar su imagen y atacar a opositores como el entonces senador Gustavo Petro.
El esquema descrito apunta a una lógica similar a la del escándalo de Cambridge Analytica, basado en la recolección y análisis de datos para construir perfiles psicológicos y dirigir mensajes personalizados capaces de incidir en decisiones políticas.
En el plano mediático, la polémica también involucra a La Silla Vacía, y a su exdirectora Juanita León y el analista jurídico Carlos Cortés. Según denuncias, algunos contenidos habrían sido presentados como parte de una alianza de medios independientes sin consulta previa, lo que generó tensiones internas y la renuncia de la periodista Juanita Vélez.
El informe sostiene que la estrategia también buscaría reposicionar la imagen de Álvaro Uribe, atacar a Iván Cepeda y ubicar a la candidata Paloma Valencia como una figura de “centro”, en contraste con otros aspirantes.
Incluso, se menciona la circulación de narrativas sensibles como el supuesto magnicidio de Miguel Uribe Turbay, utilizadas para generar impacto emocional en la ciudadanía.
Desde el Ministerio del Trabajo, según la investigación, ya se habrían recibido denuncias por un posible constreñimiento electoral relacionado con estos talleres en empresas.
El caso abre un nuevo frente de tensión política en el país, en medio de advertencias sobre la integridad del proceso electoral. Mientras avanzan los llamados a investigar, crece la preocupación por el uso de estrategias de manipulación digital, influencia empresarial y operaciones encubiertas en una de las elecciones más polarizadas de los últimos años.
El candidato Iván Cepeda solicitó formalmente a la fiscalía general de la Nación investigar los hechos y establecer si existen conductas delictivas. “Que se determine si son hechos constitutivos de delitos y, de ser así, se judicialice a los responsables”, señaló, en una petición dirigida a la fiscal Luz Adriana Camargo.
De acuerdo con la investigación divulgada por Señal Colombia y la Revista Raya, el plan estaría siendo liderado por Jaime Bermúdez Merizalde, ex canciller y estratega del expresidente Álvaro Uribe Vélez, con el respaldo de sectores empresariales, centros de pensamiento y plataformas mediáticas.
Entre las organizaciones mencionadas aparecen Origen: Red de Liderazgo, el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, Colombia Construye Confianza, Libertank y Unidad de Acción Vallecaucana, que habrían participado en la realización de “talleres democráticos” en entornos laborales.
Según el informe, estas actividades realizadas en marzo estarían dirigidas a trabajadores de distintas empresas, con el objetivo de influir en percepciones políticas mediante narrativas de “miedo, indignación e incertidumbre”, una estrategia que recuerda metodologías utilizadas en campañas como el plebiscito de 2016.
Uno de los puntos más sensibles del caso es el componente digital. La investigación señala que el monitoreo de emociones y comportamiento en redes sociales estaría a cargo de la empresa Baus Territorial, cuyo propietario es Mateo Gómez Baus. Este nombre no es menor: Gómez Baus fue señalado en 2017 por presuntamente coordinar la creación de cerca de 200 perfiles falsos en la red social X durante la alcaldía de Federico Gutiérrez en Medellín, con el fin de posicionar su imagen y atacar a opositores como el entonces senador Gustavo Petro.
El esquema descrito apunta a una lógica similar a la del escándalo de Cambridge Analytica, basado en la recolección y análisis de datos para construir perfiles psicológicos y dirigir mensajes personalizados capaces de incidir en decisiones políticas.
En el plano mediático, la polémica también involucra a La Silla Vacía, y a su exdirectora Juanita León y el analista jurídico Carlos Cortés. Según denuncias, algunos contenidos habrían sido presentados como parte de una alianza de medios independientes sin consulta previa, lo que generó tensiones internas y la renuncia de la periodista Juanita Vélez.
El informe sostiene que la estrategia también buscaría reposicionar la imagen de Álvaro Uribe, atacar a Iván Cepeda y ubicar a la candidata Paloma Valencia como una figura de “centro”, en contraste con otros aspirantes.
Incluso, se menciona la circulación de narrativas sensibles como el supuesto magnicidio de Miguel Uribe Turbay, utilizadas para generar impacto emocional en la ciudadanía.
Desde el Ministerio del Trabajo, según la investigación, ya se habrían recibido denuncias por un posible constreñimiento electoral relacionado con estos talleres en empresas.
El caso abre un nuevo frente de tensión política en el país, en medio de advertencias sobre la integridad del proceso electoral. Mientras avanzan los llamados a investigar, crece la preocupación por el uso de estrategias de manipulación digital, influencia empresarial y operaciones encubiertas en una de las elecciones más polarizadas de los últimos años.
