Procuraduría solicito a la JEP mantener imputación por violencia sexual a exintegrantes de las Farc
La Procuraduría General de la Nación ha pedido a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) que rechace la solicitud de nulidad presentada por la defensa de algunos exmiembros de las FARC, relacionada con casos de violencia sexual contra menores de edad.
Esta solicitud busca anular los casos de delitos sexuales contra menores, lo que ha generado preocupación debido a la presentación de una polémica reforma a la justicia que beneficiaría a los responsables de estos delitos.
El congresista Julián Gallo, exintegrante de las FARC, es uno de los ponentes de la reforma, que incluye una disposición que permitiría a los asesinos y violadores de niños acceder a beneficios de reducción de pena mediante acuerdos o negociaciones. Esto ha generado críticas y preocupación por la posible impunidad de estos delitos.
La investigación inicial se centró en el macrocaso 002, conocido como "Situación territorial de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas (Nariño)", donde se emitieron autos que determinaron los hechos y conductas ocurridas en municipios priorizados por exintegrantes de las FARC. La defensa de los exmiembros de las FARC argumentó que el auto emitido configuraba una violación al debido proceso y vulneraba el derecho a la justicia y la verdad.
Sin embargo, la Procuraduría General de la Nación consideró que la imputación por patrones macrocriminales no constituye una violación de derechos fundamentales, ya que su objetivo es priorizar la investigación y esclarecer las graves violaciones a derechos humanos cometidas.
La procuradora delegada ante la JEP, Uldi Teresa Jiménez, destacó que la providencia no tiene naturaleza de atribuir responsabilidad, sino establecer un orden estratégico para la investigación.
Finalmente, la Procuraduría resaltó que el derecho de defensa de los comparecientes no debe antagonizar con los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación y pidió que las decisiones judiciales se tomen con pleno respeto hacia las víctimas, evitando cualquier forma de revictimización, y garantizando que tengan un acceso adecuado a la justicia.
El congresista Julián Gallo, exintegrante de las FARC, es uno de los ponentes de la reforma, que incluye una disposición que permitiría a los asesinos y violadores de niños acceder a beneficios de reducción de pena mediante acuerdos o negociaciones. Esto ha generado críticas y preocupación por la posible impunidad de estos delitos.
La investigación inicial se centró en el macrocaso 002, conocido como "Situación territorial de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas (Nariño)", donde se emitieron autos que determinaron los hechos y conductas ocurridas en municipios priorizados por exintegrantes de las FARC. La defensa de los exmiembros de las FARC argumentó que el auto emitido configuraba una violación al debido proceso y vulneraba el derecho a la justicia y la verdad.
Sin embargo, la Procuraduría General de la Nación consideró que la imputación por patrones macrocriminales no constituye una violación de derechos fundamentales, ya que su objetivo es priorizar la investigación y esclarecer las graves violaciones a derechos humanos cometidas.
La procuradora delegada ante la JEP, Uldi Teresa Jiménez, destacó que la providencia no tiene naturaleza de atribuir responsabilidad, sino establecer un orden estratégico para la investigación.
Finalmente, la Procuraduría resaltó que el derecho de defensa de los comparecientes no debe antagonizar con los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación y pidió que las decisiones judiciales se tomen con pleno respeto hacia las víctimas, evitando cualquier forma de revictimización, y garantizando que tengan un acceso adecuado a la justicia.
