Presuntas irregularidades en convenios interinstitucionales
Al parecer funcionarios del Departamento Administrativo de la Función Pública, la Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo y la Agencia Nacional de Tierras modificaron un bilateral con el propósito de reducir su valor en $ 100 mil millones.
La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa contra funcionarios del Departamento Administrativo de la Función Pública, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y la Agencia Nacional de Tierras, por presuntas irregularidades en la celebración de convenios.
Según denuncias de medios de comunicación, se habrían modificado acuerdos entre el Fondo de Gestión del Riesgo de Desastres y la Agencia Nacional de Tierras para reducir su valor en $100 mil millones y redirigir los recursos restantes.
La investigación también busca esclarecer posibles vínculos contractuales entre exdirectivos de la UNGRD, como Olmedo López y Sneyder Pinilla, y el funcionario Luis Barreto con servidores de otras entidades. Se señala que presuntamente se habrían acordado pagos de coimas y desvío de anticipos en los convenios, equivalentes al 7 % de los montos involucrados.
La Sala de Instrucción Disciplinaria determinará si las acciones denunciadas configuran faltas disciplinarias y si los involucrados actuaron bajo una causal que excluya su responsabilidad. Esta actuación es un paso clave para individualizar a los responsables y definir la naturaleza de las irregularidades denunciadas.
Según denuncias de medios de comunicación, se habrían modificado acuerdos entre el Fondo de Gestión del Riesgo de Desastres y la Agencia Nacional de Tierras para reducir su valor en $100 mil millones y redirigir los recursos restantes.
La investigación también busca esclarecer posibles vínculos contractuales entre exdirectivos de la UNGRD, como Olmedo López y Sneyder Pinilla, y el funcionario Luis Barreto con servidores de otras entidades. Se señala que presuntamente se habrían acordado pagos de coimas y desvío de anticipos en los convenios, equivalentes al 7 % de los montos involucrados.
La Sala de Instrucción Disciplinaria determinará si las acciones denunciadas configuran faltas disciplinarias y si los involucrados actuaron bajo una causal que excluya su responsabilidad. Esta actuación es un paso clave para individualizar a los responsables y definir la naturaleza de las irregularidades denunciadas.
