Por Una Justicia Restaurativa
Los hechos ocurrieron en la ciudad de Medellín
Demostrando así el fracaso de la política penal en Colombia
Es algo contradictorio que en Colombia un país con graves problemas sociales no tenga una política pública direccionada a orientar a las personas que han cumplido una pena privativa de la libertad. Pero ustedes se preguntarán que es ser pospenados, pues bueno, aquellos son personas que ya han cumplido su condena y son aptos para reintegrarse a la sociedad ,. El termino de reintegrarse en un Estado como el nuestro puede sonar a utopía, de acuerdo con estudios hechos por la universidad Nacional, de un promedio de 30.000 personas salen en libertad cada año, desde el 2015 al 2018, es decir, en tres años, la Casa Libertad atendido solo a 1.411 personas ,. Esto no es ni siquiera el 2% de la población pospenada.
La casa Libertad fue creada en el gobierno de Juan Manuel Santos en el 2015, con el propósito de hacer el acompañamiento a los exreclusos, en el ámbito laboral, psicológico y educativo. El anterior programa ha quedado limitado, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), con actualización al 7 de diciembre, se han registrado 56.820 casos de reincidencia en lo que va corrido del año 2021 ,.
No quiero hacer apología al delito, sin embargo, expreso con preocupación como el Estado Colombiano se hace el de la vista gorda, ante los atropellos y la displicencia que se tiene a la hora del cumplimiento del derecho a la resocialización, acarreando una violación explicita al Estado Social de derecho y a la constitución de 1991.
En los últimos años se ha venido legislando a favor de este sector de la sociedad civil, de la mano de la promotora social Johana Bahamón quien se ha distinguido por trabajar en pro de los derechos de los penados y pospenados, mediante la fundación Acción Interna ,. Johana apoyó la iniciativa que hoy es ley de la republica llevando por nombre segundas oportunidades ,, normatividad que otorga beneficios tributarios a las empresas que contraten personas pospenadas.
No obstante, la situación a los pospenados parece no mejorar, mientras hoy los exguerrilleros de la Farc gozan de los derechos políticos y ostentan curules en el congreso de la república, a los condenados por delitos comunes no pueden aspirar en ningún momento a cargos de elección popular según la ley 136 de 1994, por ese motivo el expresidente Á,lvaro Uribe Vélez en varias declaraciones habla de la urgente aprobación de un proyecto de ley que permita a personas condenadas aspirar a los cargos públicos de elección popular.
Es el momento de reinventar la política penal en Colombia, no solamente se debe pensar en justicia como método de castigo, por el contrario, se requiere instaurar una justicia integral, preocupada por ofrecer segunda oportunidades, encaminada a brindar las herramientas necesarias para una verdadera resocialización. En ese sentido esperamos que con el nuevo paquete de reformas propuestas por el presidente electo Gustavo Petro tenga bajo la mira ayudar a este sector excluido de la población civil.
Andrés Felipe Medina Castillo
