Polémica por orden de Petro de allanar dispensarios ante escasez de medicamentos
El presidente Gustavo Petro ordenó allanar bodegas de farmacéuticas ante la escasez de medicamentos, acusándolas de “acaparar insulina”. Juristas y la Fiscalía cuestionan la medida, señalando que el mandatario se extralimitó en sus funciones, ya que los allanamientos solo pueden ser ordenados por un juez. Mientras tanto, la crisis de desabastecimiento sigue afectando a miles de pacientes.
En medio de una creciente crisis por la escasez de medicamentos esenciales en Colombia, el presidente Gustavo Petro generó controversia al ordenar el allanamiento de bodegas de farmacéuticas y dispensarios, acusándolas de “acaparar insulina” y otros fármacos vitales. El mandatario aseguró que, donde se detecten bodegas llenas de medicamentos que no están siendo entregados a la población, se procederá a allanarlas con el apoyo del Ejército y la Policía.
“Donde se detecten bodegas llenas de medicamentos que no entregan a la población, se allanen. El Ejército y la Policía tienen que estar disponibles”, declaró Petro, quien reconoció que esta medida podría llevar a que su Gobierno sea señalado de “dictadura”. Sin embargo, defendió su decisión al afirmar que “es la ley de la República. Lo que pasa es que no se ha usado”.
Cuestionamientos jurídicos a la orden presidencial
La orden de Petro fue inmediatamente cuestionada por juristas y expertos en derecho penal, quienes señalaron que el presidente se extralimitó en sus funciones. Según el Código de Procedimiento Penal, los allanamientos solo pueden ser ordenados por un juez de la República, a solicitud de la Fiscalía, y deben estar fundamentados en motivos serios y específicos relacionados con una investigación penal.
“El Presidente no puede en ninguna ocasión hablar de allanar. Ni con Ejército ni con Policía puede irrumpir en ninguna propiedad pública o privada. Los allanamientos únicamente los puede ordenar un juez de la República a petición de un fiscal por una investigación que tenga motivos serios e infundados. Sería gravísimo y daría para una investigación penal o disciplinaria”, afirmó el penalista Iván Cancino.
La fiscal general, Luz Adriana Camargo, también deslegitimó las facultades del presidente para ordenar allanamientos. Durante un evento de rendición de cuentas, Camargo recordó que la Fiscalía tiene abierta una línea de investigación sobre el sector salud desde hace años, pero enfatizó que cualquier acción de este tipo debe seguir los procedimientos legales establecidos.
¿Qué puede hacer el Gobierno ante la crisis?
Aunque el presidente no tiene la facultad de ordenar allanamientos, el Ejecutivo sí puede delegar a la Superintendencia de Salud realizar inspecciones en los dispensarios y bodegas de farmacéuticas. Estas inspecciones, a diferencia de los allanamientos, no tienen carácter judicial y se limitan a verificar posibles irregularidades, como el desabastecimiento de medicamentos o el incumplimiento de normas sanitarias.
“A través del Ministerio de Salud y la Superintendencia, Petro puede disponer una inspección para verificar que se cumplan las medidas de sanidad, el abastecimiento de medicamentos o la correcta prestación del servicio, así como realizar un control de precios”, explicó Cancino.
De hecho, en agosto de 2024, la Superintendencia de Salud, bajo la dirección de Luis Carlos Leal, realizó una inspección en una sede de Audifarma en Bucaramanga, donde se encontró evidencia de que algunos medicamentos no estaban siendo entregados a pesar de estar disponibles.
La crisis de desabastecimiento y las responsabilidades
La escasez de medicamentos es una crisis que lleva meses afectando a miles de colombianos, especialmente a pacientes con enfermedades crónicas, VIH, cáncer y enfermedades huérfanas. En octubre de 2024, grupos de pacientes protestaron frente al Ministerio de Salud por la falta de tratamientos vitales, mientras que la Procuraduría responsabilizó al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo por la situación.
En enero de 2025, la Procuraduría formuló un pliego de cargos contra Jaramillo por “culpa grave”, acusándolo de omisión y retardo injustificado en sus funciones. Según el Ministerio Público, el ministro no adoptó las medidas necesarias para garantizar el abastecimiento de medicamentos, lo que generó un riesgo de “incremento de la morbimortalidad” y afectó los derechos fundamentales a la salud y la vida de los pacientes.
Un debate que refleja la urgencia de soluciones
La polémica desatada por la orden de Petro refleja la urgencia de encontrar soluciones a una crisis que sigue afectando a la población más vulnerable. Mientras el Gobierno insiste en que las farmacéuticas están acaparando medicamentos, los expertos jurídicos advierten sobre la importancia de seguir los procedimientos legales para evitar abusos de poder.
Lo que está claro es que la escasez de medicamentos no solo es un problema de salud pública, sino también un tema político y jurídico que seguirá generando debate en medio de una sociedad que exige respuestas concretas y acciones efectivas para garantizar el acceso a tratamientos esenciales.
