Peligrosidad delincuencial
Con fundamento en la investigación adelantada por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres- Ungrd, la magistrada de la Sala Penal el Tribunal Superior de Bogotá, Aura Rosa Baquero, apuntaló las evidencias que presentó la Fiscalía contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, ordenando en una aleccionante decisión enviarlos a la cárcel por presuntos hechos delictivos relacionados con el desempeño del cargo, que se resumen: en concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar y ofrecer, los cuales, hay que decirlo, son de normal ocurrencia en una clase política que nos ha sumido en un régimen aterrador de corrupción anclado a un podrido sistema político electoral fomentador del enriquecimiento ilícito.
Y es que dicho escándalo de corrupción, el más grave del Gobierno del presidente Petro, como que arrasó con la transparencia que debió tener su administración que prometió el cambio y por el cual muchos votamos, por el infame pago de coimas para sobornar legisladores, -que es el más vil de los delitos que se puedan cometer contra una sociedad que reclama leyes limpias en su beneficio- y que el mismo Petro denunciara reiteradamente siendo congresista, ameritaba que la magistrada de marras tomara tan draconiana medida, especialmente contra un exministro de Hacienda y Crédito Público por primera vez en la historia de sistemática corrupción de este convulsionado país, significando con acierto la peligrosidad de funcionarios que participan en delitos contra la administración afectando el tesoro público.
Porque no puede ser de otra manera la actuación de la administración de justicia frente a esta clase de crímenes que conmocionan nuestra sociedad, y que son parte del siniestro paisaje de sistemática corrupción, por cuenta de una clase política que tiene sitiado nuestro país de vieja data con esta plaga destructora en su protervo beneficio, que no puede admitirse en ningún partido cualquiera sea su tendencia ideológica, que muchos justifican con el argumento de que todos los gobiernos cometen actos de corrupción, porque el peso de la ley tiene que caer con mayor rigor sin ninguna clase de concesiones contra funcionarios de cualquier bandera política que cometan esta clase de delitos que tanto daño causan, que son sin duda los más peligrosos para una sociedad como la nuestra con tantas necesidades que demanda con urgencia el ejercicio de una política sana en su beneficio, dando ejemplo desde los gobiernos como la mejor manera de educar para combatir eficazmente esta maldita plaga corruptora.
Esta columna reaparecerá la segunda semana de enero del 2026. Felices fiestas.
Y es que dicho escándalo de corrupción, el más grave del Gobierno del presidente Petro, como que arrasó con la transparencia que debió tener su administración que prometió el cambio y por el cual muchos votamos, por el infame pago de coimas para sobornar legisladores, -que es el más vil de los delitos que se puedan cometer contra una sociedad que reclama leyes limpias en su beneficio- y que el mismo Petro denunciara reiteradamente siendo congresista, ameritaba que la magistrada de marras tomara tan draconiana medida, especialmente contra un exministro de Hacienda y Crédito Público por primera vez en la historia de sistemática corrupción de este convulsionado país, significando con acierto la peligrosidad de funcionarios que participan en delitos contra la administración afectando el tesoro público.
Porque no puede ser de otra manera la actuación de la administración de justicia frente a esta clase de crímenes que conmocionan nuestra sociedad, y que son parte del siniestro paisaje de sistemática corrupción, por cuenta de una clase política que tiene sitiado nuestro país de vieja data con esta plaga destructora en su protervo beneficio, que no puede admitirse en ningún partido cualquiera sea su tendencia ideológica, que muchos justifican con el argumento de que todos los gobiernos cometen actos de corrupción, porque el peso de la ley tiene que caer con mayor rigor sin ninguna clase de concesiones contra funcionarios de cualquier bandera política que cometan esta clase de delitos que tanto daño causan, que son sin duda los más peligrosos para una sociedad como la nuestra con tantas necesidades que demanda con urgencia el ejercicio de una política sana en su beneficio, dando ejemplo desde los gobiernos como la mejor manera de educar para combatir eficazmente esta maldita plaga corruptora.
Esta columna reaparecerá la segunda semana de enero del 2026. Felices fiestas.
