Pedro Sánchez lidera con mano dura la transformación del Micay

 

Popayán, Colombia. En un esfuerzo por estabilizar el suroccidente colombiano, el Gobierno Nacional alcanzó un acuerdo con las comunidades del Cañón del Micay para la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, evitando la erradicación forzada. La decisión se tomó durante un consejo de seguridad en Popayán, liderado por los ministros del Interior y de Defensa, como respuesta a la crisis en la zona.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que el Gobierno impulsará estrategias de transición hacia economías legales, siguiendo modelos exitosos en otras regiones, como el programa de pago por erradicación en el Catatumbo. "No habrá erradicación forzada en la zona. Apostamos por soluciones sostenibles que beneficien a las comunidades", enfatizó.

El acuerdo busca mejorar la calidad de vida de los habitantes mediante alternativas productivas. El ministro del Interior, Armando Benedetti, destacó que el Gobierno incluso contempla la compra de cultivos de coca para su eliminación voluntaria. "Es clave desmentir la información falsa que grupos armados han difundido sobre una supuesta erradicación forzosa", afirmó.

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El acuerdo se produce en un contexto de crisis de seguridad. El pasado 6 de marzo, 28 policías y un mayor del Ejército fueron secuestrados en El Plateado tras enfrentamientos entre civiles y la Fuerza Pública. La retención fue atribuida a las disidencias de las FARC, específicamente al grupo Carlos Patiño. Luego de intensas negociaciones entre la comisión humanitaria y las comunidades del Cañón del Micay, los uniformados fueron liberados el 8 de marzo y entregados a la Defensoría del Pueblo.

El presidente Gustavo Petro destacó el papel del diálogo en la liberación, pero advirtió que el Gobierno no permitirá que grupos armados sigan controlando la región. "Si se mantienen retenidos miembros de la Policía, extenderemos la conmoción interior para financiar la ofensiva militar y social definitiva", declaró.

Asimismo, Petro hizo un llamado al campesinado para que abandone los cultivos ilícitos y participe en los programas de sustitución. "Esperamos su decisión para sumarse al programa de pagos masivos por erradicación", expresó. También señaló que las disidencias de las FARC engañan a la población para frustrar los proyectos productivos del Estado.

Por su parte, el ministro Sánchez advirtió que, si la seguridad de los uniformados vuelve a estar en riesgo, el Gobierno hará uso de "la fuerza legítima del Estado" para garantizar la estabilidad, respetando los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

Con este acuerdo y el refuerzo de la seguridad, el Gobierno busca consolidar la paz en el Cañón del Micay, erradicar el narcotráfico y ofrecer oportunidades económicas a la comunidad a través de una estrategia integral de desarrollo rural.