ONU rechaza allanamientos ilegales de las autoridades en Colombia por paro nacional
Esta organización internacional ve con preocupación el allanamiento que hizo la policía sin autorización a un periódico alternativo en Bogotá violando los tratados de Ginebra sobre la libertad de prensa No obstante expertos y analistas calificaron estos actos como el inicio de una dictadura
A través de un comunicado oficial, la organización reiteró que la protesta pacífica es un derecho e hizo un listado de preocupaciones frente a lo ocurrido en la última semana en el país, entre los que nombraron los allanamientos, la presencia militar y los decretos del Gobierno.
La oficina nota con preocupación la expedición en las últimas horas de varios decretos, circulares e instructivos que contemplan la posibilidad de que los alcaldes y gobernadores pongan en marcha medidas como la declaración de toques de queda y el apoyo militar para el control de orden público ,, indicó el representante de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, Alberto Brunori.
Asimismo, Brunori aseguró que la organización recibió información sobre 27 allanamientos en Bogotá, 5 en Cali y 4 en Medellín a domicilios y oficinas de personas que pertenecen a organizaciones civiles y medios alternativos de comunicación, diligencias en las que confían cumplan con las normas y estándares internacionales de derechos humanos relacionados con el debido proceso y la presunción de inocencia ,.
Por otro lado, la ONU también recordó que los gobiernos deben limitar y condicionar al máximo el uso de las fuerzas militares para el control de disturbios internos ,, pues explican que el entrenamiento, equipamiento y perspectivas militares no son adecuadas para garantizar la protección y control de civiles, entrenamiento que es propio de la Policía.
Según los estándares internacionales, los límites y condiciones para la intervención de las fuerzas militares en las protestas, explica la oficina, son que esta debe ser temporal, restringida, subordinada y fiscalizada por autoridades civiles y regulada mediante protocolos sobre el uso de la fuerza ,.
