Nuevo milagro, Gobierno de De la Espriella suspende concursos de mérito y habilita nombramientos directos

El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella expidió el Decreto 1384 de 2026, que aplaza hasta el 31 de diciembre los procesos de selección y concursos de mérito para el empleo público en todo el país, y habilita a las entidades a cubrir vacantes mediante nombramientos por encargo, sin necesidad de concurso, mientras dure la medida.

El artículo 7 del decreto establece que, "con el propósito de preservar la igualdad material, la igualdad de oportunidades y el acceso al empleo público con fundamento en el mérito de las personas afectadas por la calamidad", se aplazan en todo el territorio nacional los procesos de selección para proveer empleos públicos, en el marco de la emergencia declarada por el terremoto.

La norma también suspende los procesos para conformar las ternas de directores o gerentes regionales de entidades públicas del orden nacional. Para esos cargos, el decreto establece que, en caso de vacancia absoluta en los departamentos incluidos en la emergencia, la designación podrá hacerse directamente mediante la figura del encargo, sin necesidad de agotar el proceso de terna, cuando no sea posible aplicar el mecanismo ordinario.

El decreto le otorga además a la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) la facultad de suspender o aplazar, mediante acto administrativo motivado, las pruebas y demás etapas de los concursos en curso cuya realización pueda poner en riesgo los derechos de los aspirantes ubicados en zonas afectadas. De igual forma, autoriza a las entidades que administran directamente sus procesos de selección a suspenderlos cuando su continuidad pueda afectar la igualdad de oportunidades o la atención de la emergencia.

La medida no aplaza de manera automática la totalidad de los concursos: el decreto contempla que una entidad podrá continuar con un proceso si su jefe certifica, mediante decisión motivada, que la etapa correspondiente no afecta los derechos de las personas de los territorios cobijados por la emergencia.

Los procesos que sean aplazados deberán reanudarse a partir del 1 de enero de 2027, en la misma etapa en que se encontraban, según lo establece el decreto, que además garantiza la validez de las actuaciones cumplidas antes de su expedición.

La medida ha generado críticas por abrir la puerta a plantas temporales y posibles nombramientos discrecionales en la función pública, en momentos en que el debate político se centra en si la emergencia justifica alterar las reglas ordinarias de acceso al empleo estatal por mérito.