Nuevas reglas para criptomonedas en Colombia 2026: la Dian exige reporte obligatorio de operaciones
La Resolución 000240 de la Dirección de Impuestos impone nuevas obligaciones a los proveedores de servicios con criptoactivos, en línea con estándares internacionales para combatir la evasión y el lavado de dinero.
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) dio un paso más en la regulación del ecosistema de criptoactivos en Colombia con la expedición de la Resolución 000240 de 2025.
Esta nueva normativa, en vigor desde el 24 de diciembre del año pasado, obliga a todas las personas y entidades que presten servicios relacionados o compraventa de criptomonedas a reportar de forma detallada sus operaciones a partir del año gravable 2026.
La medida responde al Marco de Reporte de Criptoactivos (Crypto-Asset Reporting Framework, CARF), un esquema impulsado a nivel internacional para fortalecer los controles fiscales y prevenir actividades ilegales como la evasión tributaria o el lavado de activos a través de plataformas digitales.
La obligación recae sobre personas naturales y jurídicas que actúen como proveedores de servicios de criptoactivos. Esto incluye a quienes participen como contrapartes en operaciones de intercambio, intermediarios, o quienes administren plataformas de negociación de activos digitales.
El concepto también se extiende a quienes gestionen billeteras virtuales u ofrezcan infraestructura tecnológica para transacciones en cripto.
Los primeros reportes deberán ser entregados a más tardar el último día hábil de mayo de 2027, correspondientes al año gravable 2026. Entre los datos exigidos por la Dian se encuentran:
Además, los proveedores deberán actualizar previamente su información en el Registro Único Tributario (RUT), conservar los registros durante el tiempo estipulado por ley, y corregir cualquier error o inconsistencia detectada en sus reportes.
Según expertos legales, la definición de criptoactivo en esta norma abarca cualquier representación digital de valor que pueda ser negociada o transferida electrónicamente, y que funcione sobre tecnologías de registro distribuido (DLT) y mecanismos criptográficos.
Sin embargo, la resolución excluye ciertos activos de la obligación de reporte, como las monedas digitales emitidas por bancos centrales (por ejemplo, monedas digitales del Banco de la República o sus equivalentes en otros países), así como productos específicos de dinero electrónico regulados bajo el marco legal colombiano.
Entre los criptoactivos que sí deberán ser reportados figuran los más conocidos y utilizados, como Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, así como las stablecoins USDT (Tether) y USDC, las cuales son populares para pagos y transferencias digitales debido a su valor estable.
También se establece una categoría específica de “transacción de pago minorista reportable”, que incluye cualquier transferencia individual de criptoactivos cuyo valor supere los USD 50.000.
Con esta nueva resolución, la Dian busca cerrar brechas en la fiscalización de las operaciones con criptoactivos, un sector que ha crecido significativamente en los últimos años tanto en volumen como en sofisticación.
El objetivo es doble: aumentar la transparencia fiscal y alinearse con los compromisos internacionales en materia de intercambio de información financiera.
Este cambio representa un reto para los actores del mercado, quienes deberán adecuar sus sistemas y procesos de reporte a las nuevas exigencias regulatorias, pero también marca un hito importante hacia la consolidación de un marco legal moderno para la economía digital en Colombia.
Esta nueva normativa, en vigor desde el 24 de diciembre del año pasado, obliga a todas las personas y entidades que presten servicios relacionados o compraventa de criptomonedas a reportar de forma detallada sus operaciones a partir del año gravable 2026.
La medida responde al Marco de Reporte de Criptoactivos (Crypto-Asset Reporting Framework, CARF), un esquema impulsado a nivel internacional para fortalecer los controles fiscales y prevenir actividades ilegales como la evasión tributaria o el lavado de activos a través de plataformas digitales.
¿Quiénes deben cumplir y qué información deben entregar?
La obligación recae sobre personas naturales y jurídicas que actúen como proveedores de servicios de criptoactivos. Esto incluye a quienes participen como contrapartes en operaciones de intercambio, intermediarios, o quienes administren plataformas de negociación de activos digitales.
El concepto también se extiende a quienes gestionen billeteras virtuales u ofrezcan infraestructura tecnológica para transacciones en cripto.
Los primeros reportes deberán ser entregados a más tardar el último día hábil de mayo de 2027, correspondientes al año gravable 2026. Entre los datos exigidos por la Dian se encuentran:
- Información completa de los usuarios que realicen operaciones.
- Valor razonable de cada transacción.
- Cantidad total de operaciones realizadas.
- Identificación de personas con control indirecto mediante fideicomisos u otras estructuras similares, si aplica.
Además, los proveedores deberán actualizar previamente su información en el Registro Único Tributario (RUT), conservar los registros durante el tiempo estipulado por ley, y corregir cualquier error o inconsistencia detectada en sus reportes.
Qué tipo de criptoactivos se deben reportar
Según expertos legales, la definición de criptoactivo en esta norma abarca cualquier representación digital de valor que pueda ser negociada o transferida electrónicamente, y que funcione sobre tecnologías de registro distribuido (DLT) y mecanismos criptográficos.
Sin embargo, la resolución excluye ciertos activos de la obligación de reporte, como las monedas digitales emitidas por bancos centrales (por ejemplo, monedas digitales del Banco de la República o sus equivalentes en otros países), así como productos específicos de dinero electrónico regulados bajo el marco legal colombiano.
Entre los criptoactivos que sí deberán ser reportados figuran los más conocidos y utilizados, como Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, así como las stablecoins USDT (Tether) y USDC, las cuales son populares para pagos y transferencias digitales debido a su valor estable.
También se establece una categoría específica de “transacción de pago minorista reportable”, que incluye cualquier transferencia individual de criptoactivos cuyo valor supere los USD 50.000.
Colombia avanza hacia una fiscalización más estricta del ecosistema cripto
Con esta nueva resolución, la Dian busca cerrar brechas en la fiscalización de las operaciones con criptoactivos, un sector que ha crecido significativamente en los últimos años tanto en volumen como en sofisticación.
El objetivo es doble: aumentar la transparencia fiscal y alinearse con los compromisos internacionales en materia de intercambio de información financiera.
Este cambio representa un reto para los actores del mercado, quienes deberán adecuar sus sistemas y procesos de reporte a las nuevas exigencias regulatorias, pero también marca un hito importante hacia la consolidación de un marco legal moderno para la economía digital en Colombia.
