Nueva condena a ex gobernador del Huila
La Corte Suprema de Justicia sentenció a 72 meses y un día de prisión al exgobernador del Huila, Juan de Jesús Cárdenas Chávez, por un acuerdo ilícito realizado tres días antes de finalizar su mandato en 2003.
La Corte Suprema de Justicia sentenció a 72 meses y un día de prisión al exgobernador del Huila, Juan de Jesús Cárdenas Chávez, por un acuerdo ilícito realizado tres días antes de finalizar su mandato en 2003. La condena revoca la absolución previa de 2022, tras comprobar que el convenio, bajo la apariencia de ser interinstitucional, encubría una compraventa en violación del estatuto de contratación estatal.
Cárdenas, junto con el exdirector de Comfamiliar Huila, Armando Ariza Quintero, suscribió un contrato por 206 millones de pesos para el suministro de material educativo, el cual fue firmado por varios funcionarios, incluida la suegra de Cárdenas. La Contraloría General detectó las irregularidades en 2004, señalando que no se siguieron los procedimientos de selección y contratación adecuados.
El caso fue investigado por la Fiscalía en 2014, lo que llevó a una medida cautelar en 2018, cuando Cárdenas ya no ocupaba el cargo. Aunque en 2022 fue absuelto, la Corte Suprema anuló dicha decisión al considerar que Cárdenas actuó de manera consciente y voluntaria en la firma del contrato fraudulento.
La defensa de Cárdenas argumentó que el convenio se realizó de manera transparente y sin dolo. Sin embargo, la Corte Suprema subrayó que el exgobernador era plenamente consciente de las irregularidades y que su participación activa en la etapa precontractual lo hace responsable penalmente.
Debido a que la pena supera los tres años, Cárdenas no puede optar por la suspensión condicional de la ejecución de la pena. No obstante, su falta de antecedentes, su arraigo y su trayectoria pública le permitieron acceder al beneficio de detención domiciliaria, con la obligación de prestar una caución prendaria de dos salarios mínimos.
Al haber sido condenado por primera vez en segunda instancia, Cárdenas Chávez tendrá derecho a presentar un recurso de impugnación especial.
Cárdenas, junto con el exdirector de Comfamiliar Huila, Armando Ariza Quintero, suscribió un contrato por 206 millones de pesos para el suministro de material educativo, el cual fue firmado por varios funcionarios, incluida la suegra de Cárdenas. La Contraloría General detectó las irregularidades en 2004, señalando que no se siguieron los procedimientos de selección y contratación adecuados.
El caso fue investigado por la Fiscalía en 2014, lo que llevó a una medida cautelar en 2018, cuando Cárdenas ya no ocupaba el cargo. Aunque en 2022 fue absuelto, la Corte Suprema anuló dicha decisión al considerar que Cárdenas actuó de manera consciente y voluntaria en la firma del contrato fraudulento.
La defensa de Cárdenas argumentó que el convenio se realizó de manera transparente y sin dolo. Sin embargo, la Corte Suprema subrayó que el exgobernador era plenamente consciente de las irregularidades y que su participación activa en la etapa precontractual lo hace responsable penalmente.
Debido a que la pena supera los tres años, Cárdenas no puede optar por la suspensión condicional de la ejecución de la pena. No obstante, su falta de antecedentes, su arraigo y su trayectoria pública le permitieron acceder al beneficio de detención domiciliaria, con la obligación de prestar una caución prendaria de dos salarios mínimos.
Al haber sido condenado por primera vez en segunda instancia, Cárdenas Chávez tendrá derecho a presentar un recurso de impugnación especial.
