Neiva y el derecho a la ciudad

Está en contravía de la noción utilitarista del deseo que se ha impuesto culturalmente en el presente neoliberal centrado en el goce individualista y el consumismo. La ciudad del deseo está ligada a la perspectiva teórica del derecho a la ciudad que propone el espacio urbano como una obra colectiva de sus habitantes y no como un producto del capital. Esta teoría fue propuesta en 1967 por el filósofo francés Henri Lefebvre y ha sido retomada por teóricos y movimientos sociales en el siglo XXI, en el marco de las luchas urbanas que cuestionan la privatización, la acumulación y el despojo del actual orden global.

Es importante que ciudadanos, gobernantes y académicos tratemos de comprender desde estos postulados los procesos urbanos y la injusticia espacial en Neiva. Tenemos derecho a la ciudad cuando se garantiza el acceso a derechos sociales como la alimentación, la vivienda, la educación, la salud, el saneamiento básico, los sistemas públicos de transporte, las políticas culturales y deportivas, etc. Estos derechos son conexos y están enfocados en el bienestar colectivo. Se trata de pensar la economía no como sistema de concentración de riqueza, sino como una red de cuidados que distribuye en condiciones de igualdad los recursos para la existencia de quienes habitamos la ciudad. Pero para el neoliberalismo priman los derechos individuales, a los cuales accedemos a través del mercado. En ese panorama, Neiva es el reflejo de una ciudad negada a sus habitantes. La informalidad crece como alternativa a los problemas que no interviene el Estado, mientras las mezquinas elites políticas, el sector financiero y los urbanistas se fortalecen.

En 2016, Neiva llegó a tener 132 asentamientos informales en los que vivía aproximadamente el 12% de la población del municipio: más de 30.000 habitantes. Aunque hoy existe el Acuerdo 028 de 2016 que define una política pública para la atención de esta problemática y se ha creado la Dirección de Legalización de Asentamientos Informales en la Alcaldía, los avances son limitados. Las investigaciones realizadas por académicos y organizaciones sociales dan cuenta de que los asentamientos informales han sido conformados por personas a las que se les ha negado, y se les sigue negando, el derecho a la ciudad. Muchos son pobres históricos que llegaron a mediados del siglo XX y nunca pudieron acceder a una vivienda propia ni a otros derechos fundamentales. Otros hacen parte del éxodo de despojados y víctimas del conflicto armado que a finales de los noventa convirtió a la capital huilense en una ciudad receptora, en un refugio.

Esta realidad devela las dinámicas históricas de poblamiento de nuestro país. La confrontación armada, el despojo de tierras, el desplazamiento forzado u otras formas de victimización en el campo han incidido, y lo siguen haciendo, en la configuración de los centros urbanos. Cuando Lefebvre habla del derecho a la ciudad plantea la importancia de pensar que las reformas rurales implican pensar en reformas urbanas: ,qué reforma urbana necesitamos en Neiva para tener derecho a la ciudad?, ,cuál es el papel de Neiva como ciudad región en la construcción paz?

Colombia era un país rural a principios del siglo XX y pasó a ser urbano desde los cincuenta como producto de una tardía modernización y de la violencia. Las negociones de paz que se vienen haciendo desde los ochenta han subrayado que el problema de la guerra está íntimamente relacionado con la tenencia de la tierra. Hoy estamos ante el reto de la implementación de la reforma rural integral que propone el Acuerdo Final del Teatro Colón. Esto requiere de la coordinación de múltiples voluntades para transformar el ordenamiento territorial y la distribución del suelo rural y urbano en el país. Por ello, es importante que en las Bases del Plan Nacional de Desarrollo del actual gobierno se proponga como primer pilar el ordenamiento territorial. Si queremos que esto tenga un impacto en los territorios, los ciudadanos debemos vigilar los discursos y las propuestas de los candidatos. En Neiva debemos plantear como criterio de análisis que las propuestas electorales contemplen el derecho a la ciudad y prioricen el ordenamiento territorial con justicia social.

Alexandra Uribe Sánchez, investigadora del grupo Estudios Políticos.