MinEducación expide decreto que permitiría entregar colegios públicos a privados, iglesias y organizaciones religiosas

El Gobierno Nacional publicó para comentarios un decreto con el que busca implementar a nivel nacional el modelo de concesión de colegios públicos, que ya ha operado en Bogotá. La norma permitiría a particulares y a organizaciones religiosas administrar y operar colegios oficiales hasta por 12 años, bajo el régimen laboral privado.

La reforma modifica algunos artículos del Decreto 1075 de 2015 y establece las condiciones en las que los particulares pueden cumplir esta labor. El operador deberá acreditar al menos 10 años de experiencia en administración o prestación del servicio educativo, y se autoriza a iglesias y organizaciones religiosas con trayectoria en el campo educativo a desarrollar estrategias pedagógicas en establecimientos públicos.

Según el decreto, la entidad territorial aportaría la infraestructura y el personal docente, directivo y administrativo disponible, mientras las organizaciones religiosas suministrarían aquello que la entidad territorial no pueda cubrir, además de apoyo pedagógico y administrativo para desarrollar el Proyecto Educativo Institucional o el Proyecto Educativo Comunitario. En este esquema, las iglesias no administrarían directamente los colegios, pues esa función quedaría a cargo de otra modalidad para personas jurídicas públicas o privadas.

El Ministerio de Educación plantea además que la contratación de la prestación del servicio educativo sea considerada excepcional, y que las entidades territoriales deban demostrar que no cuentan con la capacidad suficiente para atender a los estudiantes.

La iniciativa fue criticada por el expresidente Gustavo Petro, quien aseguró que el Gobierno de Abelardo de la Espriella busca replicar en la educación el mismo modelo privado que, según él, se ha impulsado en el sistema de salud. "Abelardo plantea por decreto establecer el sistema de salud con intermediarios privados en el sistema de la educación pública. La consecuencia sería la misma: negociados y empobrecimiento de la educación. En vez de más estudiantes y profesores, el dinero se volvería ganancia particular de iglesias del evangelismo sionista y de la politiquería mafiosa", señaló Petro.

La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) también se unió a las críticas y calificó el decreto como un caso de privatización del sector. "Alertamos y rechazamos con total contundencia el proyecto que plantea modificación de varios artículos del Decreto 1075 de 2015. El proyecto incluye una serie de artículos que pretenden privatizar la educación pública, dirigir recursos públicos a operadores privados, facilitar la precarización de la contratación docente, entre muchos otros aspectos inconstitucionales", concluyó la organización.