Más oportunidades para mujeres condenadas
Se han abierto 200 nuevas plazas para que mujeres cabeza de familia y en condiciones de vulnerabilidad, condenadas por hurto o delitos relacionados con estupefacientes y con penas menores a ocho años, puedan reemplazar la prisión por servicios comunitarios.
El Gobierno nacional, en convenio con la Defensoría del Pueblo, abrió 200 nuevas plazas para que mujeres cabeza de familia y en condiciones de vulnerabilidad, condenadas por hurto o delitos relacionados con estupefacientes y con penas menores a ocho años, puedan reemplazar la prisión por servicios comunitarios. La medida se enmarca en la Ley de Utilidad Pública y busca facilitar la reintegración social de estas mujeres.
Durante la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, y la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, reafirmaron su compromiso con la implementación de esta herramienta jurídica. En el evento, también se presentó la plataforma digital María, diseñada para agilizar la presentación y el seguimiento de solicitudes del beneficio de utilidad pública.
Desde la entrada en vigencia de la Ley de Utilidad Pública, 130 mujeres han recuperado su libertad gracias a 133 sentencias emitidas en 11 departamentos. Actualmente, hay 2.549 plazas habilitadas en el país, de las cuales 50 fueron creadas recientemente por el Ministerio de Justicia y siete más por orden judicial.
La ministra Buitrago destacó la importancia de fortalecer la justicia restaurativa con enfoque de género, mientras que la defensora del Pueblo resaltó que esta medida permitirá a más mujeres cumplir con el servicio social requerido por la Ley 2292 de 2023, facilitando así su proceso de resocialización.
