Más allá de la norma: un pacto cultural por las mujeres del Huila

En Colombia hemos dado pasos constitucionales y legislativos sumamente valiosos. La promulgación de herramientas como la Ley 1257 de 2008, por ejemplo, marcó un hito institucional en nuestro país para sensibilizar, prevenir y sancionar las diferentes formas de discriminación, garantizando sobre el papel el derecho a una vida libre de violencias. Sin embargo, cuando caminamos por nuestros municipios y conversamos con las familias huilenses, surge una reflexión ineludible: la ley por sí sola no transforma la realidad. Los derechos fundamentales no deberían ser una concesión que el Estado deba vigilar y garantizar permanentemente a través de la fuerza institucional, sino una verdad evidente e indiscutible en nuestra forma diaria de relacionarnos. 
Como lo plantea acertadamente la escritora y feminista nigeriana Chimamanda, "la cultura no hace a la gente, la gente hace a la cultura". Si es cierto que históricamente nuestras dinámicas no han garantizado la plena igualdad y tranquilidad de las mujeres, entonces es nuestro deber moral reescribir esa cultura. En el departamento del Huila, esta transición es una tarea inaplazable que debemos asumir desde la empatía y la articulación social.
Nuestro departamento es una tierra próspera, de gente trabajadora y de tradiciones que nos llenan de un orgullo inmenso. No obstante, un diagnóstico responsable nos exige mirarnos al espejo con honestidad, no con el ánimo de señalar culpables o enfrascarnos en el pesimismo, sino con el propósito firme de encontrar soluciones conjuntas. El Huila, infortunadamente, ha ocupado de manera histórica los primeros lugares a nivel nacional en tasas de violencia de género e intrafamiliar, superando en indicadores consolidados los 460 casos por cada 100.000 habitantes. Es una realidad dolorosa reconocer que el hogar, el espacio que por naturaleza debe ser el refugio más seguro, es el escenario donde ocurren el 73.3% de las agresiones físicas y psicológicas. Asimismo, las mujeres jóvenes, entre los 18 y 28 años, representan el grupo poblacional más vulnerable ante este flagelo. 
Esta situación se hace aún más compleja durante las épocas que más amamos y que definen nuestra identidad. En las festividades del Festival del Bambuco en San Pedro, las dinámicas de convivencia cambian drásticamente. El incremento en el consumo de alcohol actúa como un potente desinhibidor que reduce el control de impulsos en los agresores. Muchas veces, el acoso o los reclamos posesivos terminan normalizándose bajo la excusa de que "estamos en plenas fiestas", lo que aísla a la víctima, retrasa la denuncia y camufla un comportamiento que no tiene justificación alguna. 
No podemos normalizar lo inaceptable. Las cifras tienen rostro, y detrás de cada caso hay una vida y una ausencia que Colombia no puede seguir normalizando. Hoy, como sociedad, nos duelen profundamente los nombres de Olga Lucía Sapuy, presuntamente asesinada en Isnos por su expareja; de Angie Carolina Rivera, hallada sin vida en Garzón; de Blayin Guevara, en Pitalito; y de Wendy Sepúlveda, en Neiva. Son cuatro mujeres a las que les arrebataron la vida en menos de seis meses en nuestro departamento, igualando la misma lamentable cifra de feminicidios con la que cerró todo el año 2025. Aún hoy hay quienes intentan reducir estas tragedias a "asuntos privados", "discusiones de pareja" o "crímenes pasionales", pero debemos ser contundentes y llamarlo por su nombre: feminicidio. 
Desde una visión constructiva y de futuro, el camino a seguir es la acción colectiva, pensando y observando nuestras contradicciones sociales y a decolonizar nuestros hábitos diarios. La violencia machista es un rezago que no pertenece al Huila moderno, incluyente y seguro que estamos construyendo.
El rol de la mujer huilense es y seguirá siendo el verdadero motor de nuestra región. Son ellas quienes sostienen la economía cafetera, el emprendimiento urbano, la educación de nuestros jóvenes y la cohesión en nuestros barrios. Protegerlas, respetarlas y empoderarlas no es una tarea exclusiva del gobierno de turno; es un pacto social que debemos asumir en cada escuela, en cada hogar.