Lina Garrido cuestiona software electoral y desata debate sobre el sistema de la Registraduría
La representante Lina Garrido cuestionó el software electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil y aseguró que costó $50 mil millones. Verificaciones indican que esa cifra corresponde al sistema de preconteo, que solo divulga resultados preliminares y no tiene validez legal.
Las afirmaciones de la representante a la Cámara Lina Garrido sobre el software utilizado en el sistema electoral colombiano han generado discusión en redes sociales y en el debate político, luego de que señalara que el sistema de la Registraduría Nacional del Estado Civil habría sido creado por “amigos” del presidente Gustavo Petro y tendría un costo de 50 mil millones de pesos.
En un video difundido en redes, Garrido mencionó que la empresa encargada del software es Indra Sistemas, a la que señaló de pertenecer al gobierno español. También sugirió que las críticas de Petro al sistema electoral harían parte de una estrategia política de cara a las elecciones de 2026.
Sin embargo, información revisada por verificadores y expertos en procesos electorales muestra que varias de esas afirmaciones son imprecisas o incompletas. El contrato cercano a los 50 mil millones de pesos corresponde al sistema de preconteo, que solo divulga resultados preliminares la noche de las elecciones y no tiene validez jurídica.
El escrutinio oficial, que certifica los resultados definitivos, se realiza en cuatro niveles (zonal, municipal, departamental y nacional) y es supervisado por comisiones integradas por jueces, notarios y registradores. En los tres primeros niveles el software es operado por la unión temporal de Thomas Greg & Sons, mientras que en el nivel nacional se utiliza un sistema desarrollado por Indra, propiedad de la Registraduría.
De acuerdo con los registros contractuales, el desarrollo y mantenimiento del software de escrutinio nacional ha costado 34.304 millones de pesos, sumando contratos de 2021 y una actualización para 2026, una cifra menor a la señalada por la congresista.
Además, aunque el Estado español tiene participación en Indra a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, esta corresponde aproximadamente al 28 % de las acciones, por lo que no es el accionista mayoritario de la compañía.
Especialistas en procesos electorales y organizaciones de observación, como la Misión de Observación Electoral, han señalado que el sistema electoral colombiano mantiene varios mecanismos de control, entre ellos el conteo manual de votos, las actas físicas y la verificación por parte de testigos electorales y autoridades independientes.
En ese contexto, expertos indican que, aunque el sistema puede mejorarse, no existen evidencias que respalden acusaciones de fraude electoral en curso, y recuerdan que las entidades encargadas de organizar y vigilar las elecciones en Colombia son organismos autónomos del poder ejecutivo.
En un video difundido en redes, Garrido mencionó que la empresa encargada del software es Indra Sistemas, a la que señaló de pertenecer al gobierno español. También sugirió que las críticas de Petro al sistema electoral harían parte de una estrategia política de cara a las elecciones de 2026.
Sin embargo, información revisada por verificadores y expertos en procesos electorales muestra que varias de esas afirmaciones son imprecisas o incompletas. El contrato cercano a los 50 mil millones de pesos corresponde al sistema de preconteo, que solo divulga resultados preliminares la noche de las elecciones y no tiene validez jurídica.
El escrutinio oficial, que certifica los resultados definitivos, se realiza en cuatro niveles (zonal, municipal, departamental y nacional) y es supervisado por comisiones integradas por jueces, notarios y registradores. En los tres primeros niveles el software es operado por la unión temporal de Thomas Greg & Sons, mientras que en el nivel nacional se utiliza un sistema desarrollado por Indra, propiedad de la Registraduría.
De acuerdo con los registros contractuales, el desarrollo y mantenimiento del software de escrutinio nacional ha costado 34.304 millones de pesos, sumando contratos de 2021 y una actualización para 2026, una cifra menor a la señalada por la congresista.
Además, aunque el Estado español tiene participación en Indra a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, esta corresponde aproximadamente al 28 % de las acciones, por lo que no es el accionista mayoritario de la compañía.
Especialistas en procesos electorales y organizaciones de observación, como la Misión de Observación Electoral, han señalado que el sistema electoral colombiano mantiene varios mecanismos de control, entre ellos el conteo manual de votos, las actas físicas y la verificación por parte de testigos electorales y autoridades independientes.
En ese contexto, expertos indican que, aunque el sistema puede mejorarse, no existen evidencias que respalden acusaciones de fraude electoral en curso, y recuerdan que las entidades encargadas de organizar y vigilar las elecciones en Colombia son organismos autónomos del poder ejecutivo.
