La trampa del odio electoral: raíces de la inequidad y reformas estructurales para Colombia

“Dar bala, acabar, extirpar al enemigo” son los discursos de odio que generan réditos políticos, curules en el Congreso e incluso definen quién será el próximo presidente. Sin embargo, tienen consecuencias nefastas para la democracia, pues cuando se pasa de la palabra a la agresión física, lo que sigue es la muerte. Colombia ya ha recorrido el camino de la violencia, con un saldo desafortunado de miles de muertos. En los últimos 60 años de conflicto se cuentan más de 750.000 víctimas. De acuerdo con el Informe Final de la Comisión de la Verdad (2022), se estima que el universo de homicidios a causa del conflicto armado entre 1985 y 2018 asciende a cerca de 450.664 personas, cifra que, al considerar los subregistros históricos calculados por la entidad, podría elevarse hasta las 800.000 víctimas fatales. Esto demuestra lo lejos que estamos de ser “una de las democracias más estables de Latinoamérica”, como suelen repetir los discursos institucionales. Uno de los verdaderos motores del conflicto, el narcotráfico, sigue intacto e incluso más fortalecido, como denuncian organismos internacionales. Según el sistema de monitoreo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), los cultivos de coca en el territorio nacional han alcanzado picos históricos superiores a las 250.000 hectáreas sembradas, concentradas principalmente en zonas de alta vulnerabilidad como Nariño, Norte de Santander y Putumayo. Esto es producto de las grandes extensiones de tierra y de la falta de presencia estatal, lo que permite que las redes del narcotráfico impregnen la institucionalidad colombiana. En estos territorios, desprovistos de servicios básicos como salud, vivienda, seguridad, justicia y oportunidades de trabajo, se genera el caldo de cultivo para que ejércitos de jóvenes se entreguen a los violentos o sean víctimas de reclutamiento, producto de su alta vulnerabilidad. Cada vez que hay elecciones, los violentos muestran sus dientes para anunciar lo que serán los próximos cuatro años y para poner en la agenda mediática los elementos que la extrema derecha necesita para justificar su proyecto político, desplazando las verdaderas razones de la violencia: un país inequitativo, desigual e injusto con las clases populares, que sufren los vejámenes de la corrupción. Una corrupción que no se preocupa por el bienestar general, sino por satisfacer fútiles apetitos de poder, repitiendo hasta la saciedad que “el pobre es pobre porque quiere”. Se requiere mano dura, por supuesto, contra los delincuentes de cuello blanco, quienes deberían haber recibido cadena perpetua hace tiempo por traicionar al pueblo que los eligió. Se requieren reformas estructurales que quiten poder a los órganos colegiados como el Congreso, las Asambleas y los Concejos para nominar a contralores, personeros, defensores del pueblo, magistrados de las altas cortes e incluso al Procurador Nacional. Estos órganos se han convertido en la “meretriz de la institucionalidad”, una burda forma de burlarse de la sociedad, pues de control no tienen nada y de mérito, mucho menos. El deterioro institucional es palpable. De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional, Colombia obtuvo apenas 37 puntos sobre 100, ubicándose en el puesto 99 entre 182 países evaluados. Esta cifra consolida una tendencia de retroceso frente a años anteriores (donde se promediaban 40 puntos), confirmando la fragilidad de los avances institucionales y el arraigo de las redes de corrupción en el sector público. Es indispensable mejorar la justicia. Esta debe estar ligada a la ética e incluso a la estética, pues no es posible que los delincuentes se burlen de ella y conviertan las cárceles en vacaciones, sin pagar con trabajo lo que han hecho. A un preso se le debe exigir que trabaje para reparar sus delitos, evitando que las cárceles sigan siendo refugios para continuar delinquiendo, con “call centers” al servicio de la oleada de extorsiones que todos conocemos. En definitiva, es necesario ir más allá del diagnóstico. La superación de los problemas cruciales de Colombia exige transitar hacia políticas de Estado transversales. Como lo planteó el Acuerdo de Paz, se requiere una Reforma Rural Integral, fortaleciendo la creación de la jurisdicción agraria, porque el control del territorio no se logra únicamente mediante la bota militar. Es prioritario masificar la titulación de tierras mediante herramientas como el Catastro Multipropósito y dotar al campo de infraestructura productiva (vías terciarias y centros de acopio). El verdadero sustituto del narcotráfico es una economía campesina legal y rentable. Se debe lograr la Transformación Económica y el Empleo Juvenil, arrebatando a los jóvenes de la violencia legal e ilegal. Para ello, se deben estructurar políticas públicas de empleo técnico y profesional vinculadas a las necesidades tecnológicas y ambientales del siglo XXI, subsidiando el primer empleo directamente en las periferias. Es fundamental la financiación estatal de la política. Para limpiar la “meretriz institucional” se debe prohibir tajantemente el ingreso de dineros privados y de contratistas a las campañas políticas. La financiación de los partidos debe ser 100% estatal, controlada bajo listas cerradas y procesos democráticos internos rigurosos. Asimismo, se deben endurecer las penas y eliminar beneficios para corruptos y grupos ilegales, enviando un mensaje contundente de una institucionalidad que se la juega contra los corruptos y violentos. En conclusión, la construcción de una paz estable y duradera en Colombia no se agota con el fin de un discurso de odio ni con la firma de un acuerdo aislado; requiere un cambio de paradigma ético y político. La justicia punitiva contra los corruptos y violentos es necesaria, pero solo será efectiva si se acompaña de una decidida presencia social del Estado, capaz de cerrar las profundas brechas económicas existentes entre el centro urbano privilegiado y las zonas rurales históricamente marginadas.