La odisea de la exaltación: el homenaje a Álvaro Hernán Prada terminó dividiendo al Concejo de Neiva.

La exaltación al magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), Álvaro Hernán Prada Artunduaga, realizada este jueves en el Concejo de Neiva, terminó convirtiéndose en uno de los hechos políticos más controvertidos de la semana en la capital huilense. Aunque el reconocimiento fue aprobado por mayoría tras una proposición presentada por el concejal del partido ASI, Abel Mendoza Vásquez, varios cabildantes expresaron públicamente su rechazo y decidieron no acompañar el homenaje.

Uno de ellos fue el concejal de Fuerza Ciudadana, Juan Diego Amaya, quien confirmó que votó en contra de la exaltación y no asistió al acto protocolario. A través de sus redes sociales explicó que mantiene el principio ético de no respaldar homenajes a personas que enfrentan procesos penales en etapa de juzgamiento, recordando que Álvaro Hernán Prada está siendo procesado por los presuntos delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

A esta postura se sumaron los concejales César Oviedo y Humberto Perdomo, quienes también rechazaron el reconocimiento y cuestionaron la decisión de la mayoría de la corporación de rendir homenaje a un funcionario que continúa enfrentando un proceso judicial de alto impacto nacional.

La controversia cobró mayor fuerza luego de conocerse que, durante los alegatos finales del juicio, la Procuraduría General de la Nación solicitó a la Corte Suprema de Justicia emitir una sentencia condenatoria contra el magistrado, al considerar que las pruebas recaudadas permitirían establecer su responsabilidad en maniobras para influir en un testigo dentro de un proceso penal.

La investigación contra Prada está relacionada con el expediente que involucra al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Según la acusación, el entonces congresista habría participado como presunto cómplice en una estrategia para que el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve modificara su testimonio y señalara que sus declaraciones habían sido inducidas por el senador Iván Cepeda. La Fiscalía y la Procuraduría sostienen que estas actuaciones podrían configurar los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

Por su parte, Prada ha rechazado las acusaciones y asegura que nunca tuvo contacto directo con el testigo, que no ofreció beneficios para modificar declaraciones y que su actuación se limitó a recibir información de terceros sobre una supuesta retractación.

Mientras la Corte Suprema de Justicia entra a definir el futuro judicial del magistrado, el homenaje realizado en Neiva continúa generando reacciones y deja abierto el debate sobre si las corporaciones públicas deben otorgar reconocimientos institucionales a funcionarios que aún enfrentan procesos penales sin una decisión definitiva.