La cruzada antiintelectual de Abelardo

Cuando un presidente anuncia que va a dar la "contrarrevolución cultural" y presenta a su ministra como la generala que comandará la tropa, vale la pena fijarse en el vocabulario. Abelardo de la Espriella lo dijo el jueves 15 de octubre en el Claustro de Santa Clara, en su primera visita al Ministerio de Cultura, con la naturalidad de quien describe una operación militar. Pocas veces un gobierno declara tan abiertamente cuál es su campo de batalla, y el campo, esta vez, son los museos, las bibliotecas y los libros de historia.

La idea de "batalla cultural" tiene una genealogía que sorprendería a más de uno de sus entusiastas. Nació en la izquierda, con Antonio Gramsci, el comunista italiano que sostenía que el poder se asienta en el consentimiento y que quien controla las escuelas, la prensa y las instituciones de la memoria controla el sentido común de una época. En los años setenta, la Nueva Derecha francesa, con Alain de Benoist como figura central, leyó a Gramsci al revés y propuso un gramscismo de derecha. De ahí la receta viajó a Vox, a Milei, a los estrategas de Trump, y hoy aterriza en Bogotá con tono castrense. El comunicado con el que De la Espriella le encargó la tarea a su equipo, en julio, hablaba de "recuperar el relato que la izquierda radical ha subvertido". Hay que reconocerle la franqueza: el objetivo declarado es el relato, no la política pública.

El historiador Richard Hofstadter describió en 1963, a propósito de Estados Unidos, algo que sirve para leer lo que pasa aquí. El antiintelectualismo, decía, consiste menos en despreciar abiertamente el conocimiento que en sospechar de quien lo ejerce. El curador que matiza, el historiador que incomoda y el profesor que pregunta quedan convertidos en ideólogos al servicio del enemigo, mientras el poder presenta su propia versión como sentido común, sin ideología, de toda la vida. Es lo que ocurre cuando el presidente afirma que la cultura "no puede seguir utilizándose como instrumento de la ideología" en el mismo discurso donde pone a la cultura al servicio de su ideología. La contradicción es tan visible que solo se sostiene si el público ha aprendido a no mirar de cerca.

Los hechos de la última semana ayudan a mirar. Un concejal uribista visitó el Museo Nacional con sus hijas, se encontró con una sala sobre la campaña presidencial de Carlos Pizarro en 1990 y la de Bernardo Jaramillo Ossa, y lo escribió en Twitter. Al día siguiente el presidente le ordenó a la ministra Paola Holguín desaparecer esas imágenes de los espacios públicos, porque no permitirá lo que llamó apología del terrorismo. Según reportó La Silla Vacía, para el viernes había en el museo más de treinta vacíos de obras retiradas de forma selectiva, sin concertación ni proceso curatorial. Ese reporte debe leerse con la cautela que merece, pero describe una institución que obedece una orden presidencial en cuestión de horas, y el solo hecho de que pueda ocurrir así ya dice bastante.

La orden encaja en un patrón que lleva semanas armándose. El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, que en 2023 se llamó así para reconocer la pluralidad del país, vuelve a llamarse Ministerio de Cultura y Patrimonio, con el presidente calificando de "absolutamente falso" el argumento de la diversidad. La ministra, periodista con "maestrías" en seguridad y defensa, ha dicho que no gobernará sin Dios y sin la Biblia. El presidente pidió "especial celo" con las iglesias, los conventos y las procesiones. La directora de la Biblioteca Nacional se posesionó, según La Silla Vacía, al son de un himno de la campaña de De la Espriella. Nadie discute que el catolicismo hace parte de nuestra cultura, pero un ministerio construido alrededor de una sola idea de familia, de nación y de fe termina diciéndole a millones de colombianos, indígenas, afros, campesinos, creyentes de otras religiones y no creyentes, que su manera de ser colombianos pertenece a una categoría de segunda.

Detrás de todo esto hay una pregunta vieja sobre qué hace un museo. Si su función fuera bendecir a los personajes que exhibe, la presencia de Pizarro en sus paredes sería un escándalo. Pero un museo nacional existe para mostrar lo que pasó, y lo que pasó incluye a un hombre que comandó al M-19, el grupo que se tomó el Palacio de Justicia en 1985, que firmó la paz y fue asesinado en abril de 1990, apenas un mes después de que mataran a Jaramillo Ossa, candidato de la Unión Patriótica. Esas dos muertes, en la misma campaña presidencial, cuentan cómo se cerraba en Colombia la puerta de la política a quienes dejaban las armas o intentaban hacer oposición. Quitar esas imágenes de la pared no devuelve nada a las víctimas del M-19 ni a las de ninguna guerrilla. Lo único que consigue es borrar el contexto en el que sus muertos y los de la Unión Patriótica se explican unos a otros.

Una sociedad que no puede mirar sus cicatrices vive con la herida abierta, solo que sin saber dónde le duele. Recordar sirve para reconocer a quién le tocó la violencia, quién la ejerció, quién la toleró y quién se benefició de ella. Cada país decide a quién recuerda y cómo lo recuerda, y esa decisión define el tipo de futuro que se permite imaginar. Un gobierno que reduce el pasado a una lista de buenos y malos, y que reserva para sí el derecho a repartir los papeles, les está diciendo a las víctimas, a todas, que su sufrimiento solo importa mientras sirva a la narrativa oficial. Y un país que acepta esa lógica termina sabiendo muy poco sobre sí mismo, que es justo lo que necesita quien prefiere gobernar a una población que no hace preguntas.