Justicia envía a la cárcel a Wadith Manzur y Karen Manrique por caso UNGRD
Ambos congresistas fueron reelegidos en los comicios del 8 de marzo. La Corte acusó a los cinco congresistas investigados y a un excongresista
Ambos congresistas fueron reelegidos en los comicios del 8 de marzo. La Corte acusó a los cinco congresistas investigados y a un excongresista.
La Corte Suprema de Justicia envió a la cárcel a los congresistas recién electos Wadith Manzur y Karen Manrique por el escándalo de la UNGRD
La Sala de Instrucción, con el voto de los conjueces Alfredo Rey Córdoba y Javier Fernando Fonseca Alvarado, llamados a destrabar la discusión sobre el llamado a juicio que en la anterior sesión quedó en empate, decidió también acusar por el delito de cohecho impropio a los cinco congresistas investigados por el saqueo a la entidad y a un excongresista.
Además del senador conservador Manzur y de la representante de las curules de paz Manrique, la Corte llamó a juicio a Liliana Esther Bitar (Partido Liberal), Julián Peinado Ramírez (Partido Liberal) y Juan Pablo Gallo (Partido Liberal), así como al excongresista Juan Diego Muñoz (Alianza Verde), por supuestamente recibir dádivas a cambio de "comprometer sus funciones como integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público" y votar favorablemente los planes de endeudamiento externo del Gobierno.
Las pruebas en su contra
El proyecto de acusación que discutió la Sala, de más de 1.000 páginas, compilaba testimonios, chats, interceptaciones a las líneas telefónicas de los procesados, y otras pruebas que demostraban reuniones de los congresistas con altos funcionarios del Ministerio de Hacienda y del Interior para negociar ilegalmente sus apoyos políticos a cambio de burocracia y de 94.000 millones de pesos en contratos.
Específicamente en Saravena, Cotorra y El Carmen de Bolívar, los lugares donde los congresistas tenían su caudal político.
De hecho, esas negociaciones son las que tienen detenidos desde finales del año pasado a los exministros de ambas carteras, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, este último señalado por la Corte de "sembrar" el plan criminal de "apadrinar" congresistas y amañar sus votos.
En este expediente se estudian las transacciones para obtener concepto favorable a las iniciativas del Presidente en las comisiones económicas, pero en paralelo hay otros procesos contra congresistas como Martha Peralta Epiayú y Julio Elías Chagui, por el acomodo de votos en las reformas pensional y de salud.
El dosier reúne una veintena de testimonios, entre estos los de los exdirectivos de la UNGRD Olmedo López y Sneyder Pinilla, este último condenado por este escándalo. También los de la exconsejera para las regiones Sandra Ortiz, quien detalló el "cónclave" en el gabinete donde se planteó la idea de aceitar el trámite legislativo de los proyectos estatales, y el del exministro de Comercio Luis Carlos Reyes, quien le juró a la Corte que alertó al Presidente desde diciembre de 2023 sobre estos supuestos hechos de corrupción.
El presidente Petro también declaró el 6 de febrero de 2025, bajo certificación jurada, que “Bonilla le había informado sobre dificultades, pero nunca de presiones particulares”, desligándose así de la defensa acérrima que le hizo a su ministro a mediados del año pasado, cuando aseguró que “nunca se crearon cupos indicativos parlamentarios en la UNGRD”.
La prueba reina es el celular de la exasesora de Hacienda María Alejandra Benavides, quien, junto con Carolina Joya, exasesora de Olmedo López, habría servido de puente para el direccionamiento de los proyectos financiados con recursos de la Unidad.
El magistrado Misael Rodríguez anexa los chats entre la exasesora de Bonilla y varios congresistas, como Wadith Manzur y Liliana Bitar, así como con el propio ministro y el viceministro de ese entonces, Diego Guevara.
En ellos se coordinan las reuniones con los integrantes de las comisiones, de las cuales se logran concretar dos: una el 4 de octubre, un desayuno en el que se habría planteado la propuesta, y otra el 31 de octubre en La Giralda, sede del Ministerio del Interior, en la que se concretó. Las conversaciones que evidencian la planeación están respaldadas por los registros de ingreso de ambos días, así como por las grabaciones de las cámaras de seguridad.
“A partir de registros comunicacionales de María Alejandra Benavides Soto, la Sala ha establecido que, en los días siguientes al desayuno del 4 de octubre —en especial, entre el 11, 12 y 13 de octubre de 2023—, los esfuerzos respecto de las labores de la CICP se enfocaron en lograr un espacio de encuentro entre los ministros Ricardo Bonilla González y Luis Fernando Velasco Chaves con algunos integrantes de la Comisión de Crédito”, se lee en el expediente.
conoció que la ponencia compulsa copias en contra de los dos congresistas a los que envió a prisión por nuevos hechos delictivos.
La Corte Suprema de Justicia envió a la cárcel a los congresistas recién electos Wadith Manzur y Karen Manrique por el escándalo de la UNGRD
La Sala de Instrucción, con el voto de los conjueces Alfredo Rey Córdoba y Javier Fernando Fonseca Alvarado, llamados a destrabar la discusión sobre el llamado a juicio que en la anterior sesión quedó en empate, decidió también acusar por el delito de cohecho impropio a los cinco congresistas investigados por el saqueo a la entidad y a un excongresista.
Además del senador conservador Manzur y de la representante de las curules de paz Manrique, la Corte llamó a juicio a Liliana Esther Bitar (Partido Liberal), Julián Peinado Ramírez (Partido Liberal) y Juan Pablo Gallo (Partido Liberal), así como al excongresista Juan Diego Muñoz (Alianza Verde), por supuestamente recibir dádivas a cambio de "comprometer sus funciones como integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público" y votar favorablemente los planes de endeudamiento externo del Gobierno.
Las pruebas en su contra
El proyecto de acusación que discutió la Sala, de más de 1.000 páginas, compilaba testimonios, chats, interceptaciones a las líneas telefónicas de los procesados, y otras pruebas que demostraban reuniones de los congresistas con altos funcionarios del Ministerio de Hacienda y del Interior para negociar ilegalmente sus apoyos políticos a cambio de burocracia y de 94.000 millones de pesos en contratos.
Específicamente en Saravena, Cotorra y El Carmen de Bolívar, los lugares donde los congresistas tenían su caudal político.
De hecho, esas negociaciones son las que tienen detenidos desde finales del año pasado a los exministros de ambas carteras, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, este último señalado por la Corte de "sembrar" el plan criminal de "apadrinar" congresistas y amañar sus votos.
En este expediente se estudian las transacciones para obtener concepto favorable a las iniciativas del Presidente en las comisiones económicas, pero en paralelo hay otros procesos contra congresistas como Martha Peralta Epiayú y Julio Elías Chagui, por el acomodo de votos en las reformas pensional y de salud.
El dosier reúne una veintena de testimonios, entre estos los de los exdirectivos de la UNGRD Olmedo López y Sneyder Pinilla, este último condenado por este escándalo. También los de la exconsejera para las regiones Sandra Ortiz, quien detalló el "cónclave" en el gabinete donde se planteó la idea de aceitar el trámite legislativo de los proyectos estatales, y el del exministro de Comercio Luis Carlos Reyes, quien le juró a la Corte que alertó al Presidente desde diciembre de 2023 sobre estos supuestos hechos de corrupción.
El presidente Petro también declaró el 6 de febrero de 2025, bajo certificación jurada, que “Bonilla le había informado sobre dificultades, pero nunca de presiones particulares”, desligándose así de la defensa acérrima que le hizo a su ministro a mediados del año pasado, cuando aseguró que “nunca se crearon cupos indicativos parlamentarios en la UNGRD”.
La prueba reina es el celular de la exasesora de Hacienda María Alejandra Benavides, quien, junto con Carolina Joya, exasesora de Olmedo López, habría servido de puente para el direccionamiento de los proyectos financiados con recursos de la Unidad.
El magistrado Misael Rodríguez anexa los chats entre la exasesora de Bonilla y varios congresistas, como Wadith Manzur y Liliana Bitar, así como con el propio ministro y el viceministro de ese entonces, Diego Guevara.
En ellos se coordinan las reuniones con los integrantes de las comisiones, de las cuales se logran concretar dos: una el 4 de octubre, un desayuno en el que se habría planteado la propuesta, y otra el 31 de octubre en La Giralda, sede del Ministerio del Interior, en la que se concretó. Las conversaciones que evidencian la planeación están respaldadas por los registros de ingreso de ambos días, así como por las grabaciones de las cámaras de seguridad.
“A partir de registros comunicacionales de María Alejandra Benavides Soto, la Sala ha establecido que, en los días siguientes al desayuno del 4 de octubre —en especial, entre el 11, 12 y 13 de octubre de 2023—, los esfuerzos respecto de las labores de la CICP se enfocaron en lograr un espacio de encuentro entre los ministros Ricardo Bonilla González y Luis Fernando Velasco Chaves con algunos integrantes de la Comisión de Crédito”, se lee en el expediente.
conoció que la ponencia compulsa copias en contra de los dos congresistas a los que envió a prisión por nuevos hechos delictivos.
