Juez ordena a la Alcaldía de Medellín reconocer que censuró el lanzamiento de un libro sobre el M-19
Un juez ordenó a la Alcaldía de Medellín reconocer que censuró el lanzamiento de un libro sobre el M-19 y vulneró la libertad de expresión.
El Juzgado 47 Penal de Medellín determinó que la Alcaldía de Medellín, encabezada por Federico Gutiérrez, vulneró los derechos fundamentales a la libertad de expresión, el acceso a la información y la participación ciudadana al cancelar el lanzamiento del libro El M-19. De la guerra a la política, programado en la Biblioteca Pública Piloto.
La decisión se produjo tras resolver una acción de tutela presentada por un ciudadano, quien cuestionó la suspensión del evento, en el que participaría el autor de la obra, el académico Jaime Rafael Nieto López.
La presentación fue cancelada minutos antes de iniciar, luego de que el alcalde Federico Gutiérrez anunciara en su cuenta de X que había ordenado suspenderla al considerar que el M-19 "fue un grupo armado terrorista" y que el evento tenía un carácter político que, según él, no podía realizarse en una entidad pública por la Ley de Garantías.
Sin embargo, el juzgado concluyó que la administración distrital incurrió en un acto de censura al utilizar su posición de poder para impedir el desarrollo de un evento de interés público. Además, señaló que no existían pruebas que demostraran que la actividad tuviera fines proselitistas y que la aplicación de la Ley de Garantías fue "extensiva e indebida", al equiparar un espacio de reflexión académica con una actividad electoral.
Como parte del fallo, el juez ordenó a la Alcaldía de Medellín y a la Biblioteca Pública Piloto emitir una comunicación oficial en la que reconozcan que se vulneraron los derechos fundamentales del accionante, del autor del libro, de los organizadores y de la Editorial Desde Abajo. Asimismo, deberán reiterar su compromiso con la protección de la libertad de expresión, el acceso a la información, la pluralidad de ideas y la prohibición de la censura en escenarios culturales y académicos.
La decisión judicial representa un nuevo pronunciamiento sobre los límites de las autoridades públicas frente a la realización de eventos académicos y culturales, y reafirma la protección constitucional de la libertad de expresión y del debate público en Colombia.
