JEP imputa al general (r) Mario Montoya por falsos positivos en Antioquia
Según la información enviada por un opaseguidor presuntamente los administrativos del conjunto residencial Reservas de Caña Brava se hicieron en la puerta del mismo y evitaron el ingreso de los vehículos que debían la administración
La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha tomado una decisión trascendental al imputar al general (r) Mario Montoya por su presunta participación en los casos de falsos positivos ocurridos en el departamento de Antioquia. Esta imputación se deriva de su rol como excomandante de la Cuarta Brigada durante los años 2002 y 2003, un período marcado por la proliferación de ejecuciones extrajudiciales en Colombia.
La imputación del general (r) Montoya no solo señala su presunta responsabilidad como uno de los máximos responsables de este nefasto fenómeno criminal, sino que también refleja la voluntad de la justicia de abordar de manera exhaustiva la cadena de mando involucrada en estos crímenes. La decisión de la JEP se basa en las pruebas y testimonios recopilados, que indican que Montoya habría tenido un papel relevante en la promoción y ejecución de estas acciones ilegales.
Además de Montoya, otros excomandantes de batallones adscritos a la Cuarta Brigada también enfrentarán imputaciones por su participación en los falsos positivos. Esto abarca a exmandos del Batallón Pedro Justo Berrío, Batallón BAJES, Batallón Juan del Corral y otros, quienes también estarían vinculados con estos crímenes atroces. La inclusión de varios altos mandos en las imputaciones subraya la importancia de esclarecer la responsabilidad de todos los niveles jerárquicos en los casos de falsos positivos.
Las acusaciones en contra del general (r) Montoya han sido respaldadas por varios de sus subalternos en Antioquia, quienes han alegado que recibieron órdenes y directrices que promovían la ejecución de personas inocentes para inflar las cifras de bajas en combate. Los testimonios han revelado detalles escalofriantes, como la supuesta exigencia de carrotancados de sangre por parte de Montoya, una expresión que apuntaría a la necesidad de presentar cadáveres como pruebas de operaciones exitosas.
Otro aspecto perturbador es la referencia a la ubicación de bandidos en taxis , lo que sugiere que se habrían proporcionado pistas falsas para justificar operativos letales. Estas revelaciones generan una imagen preocupante de cómo algunos líderes militares podrían haber fomentado un ambiente propicio para abusos y violaciones de los derechos humanos en el afán de cumplir con objetivos numéricos y demostrar éxito operativo.
En última instancia, la imputación del general (r) Mario Montoya y otros altos mandos de la Cuarta Brigada es un paso importante hacia la rendición de cuentas y la búsqueda de la verdad en relación con los falsos positivos. Representa un avance en el camino hacia la justicia y la reconciliación en Colombia, al enfrentar el pasado doloroso y garantizar que los responsables rindan cuentas por sus acciones.
