Irregularidades en reportes de EPS generan sobrecostos millonarios al sistema de salud
En una reciente investigación oficial se revelaron serias inconsistencias en los datos reportados por las Entidades Promotoras de Salud (EPS) durante un análisis realizado en noviembre de 2024.
El Ministerio de Salud y Protección Social, junto a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), identificó serias inconsistencias en los datos reportados por las Entidades Promotoras de Salud (EPS) durante un análisis realizado en noviembre de 2024.
Este ejercicio buscaba evaluar el cálculo del incremento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que para 2025 será del 5,3%.
Entre los hallazgos más alarmantes destaca el aumento desproporcionado en la frecuencia de servicios de salud. Por ejemplo, la atención domiciliaria incrementó un 97,8% entre 2022 y 2023, mientras que radiología y laboratorio clínico aumentaron un 79,7% y 77,9%, respectivamente. Estos incrementos no coinciden con la capacidad instalada del sistema, que apenas creció un 3,1% en el número de médicos y un 3,6% en consultorios de medicina general, según datos del RETHUS.
El informe también reveló 23.410 casos de atenciones registradas a personas fallecidas, con un costo asociado de 79.838 millones de pesos. En cuanto a medicamentos, se detectó que el 3% de los reportados carecían de registro sanitario válido y que el 23% no se relacionaban con compras registradas en el Sistema de Información de Precios de Medicamentos (SISMED).
Estas irregularidades generaron un gasto adicional de más de 119 mil millones de pesos, mientras que los precios de algunos medicamentos superaron hasta un 1.200% los valores de referencia.
Medidas de solución
El Ministerio recomendó una depuración estricta de los datos reportados por las EPS, validar la información frente a bases externas como el RIPS y fomentar el uso de medicamentos genéricos y biosimilares para reducir costos.
También subrayó la importancia de revisar las prácticas de contratación y precios en el sector salud, garantizando que los recursos sean utilizados de forma eficiente y priorizando las necesidades reales de la población.
Con estas medidas, el Gobierno busca fortalecer la sostenibilidad y transparencia del sistema de salud, impulsando una gestión más responsable de los recursos públicos.
Este ejercicio buscaba evaluar el cálculo del incremento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que para 2025 será del 5,3%.
Entre los hallazgos más alarmantes destaca el aumento desproporcionado en la frecuencia de servicios de salud. Por ejemplo, la atención domiciliaria incrementó un 97,8% entre 2022 y 2023, mientras que radiología y laboratorio clínico aumentaron un 79,7% y 77,9%, respectivamente. Estos incrementos no coinciden con la capacidad instalada del sistema, que apenas creció un 3,1% en el número de médicos y un 3,6% en consultorios de medicina general, según datos del RETHUS.
El informe también reveló 23.410 casos de atenciones registradas a personas fallecidas, con un costo asociado de 79.838 millones de pesos. En cuanto a medicamentos, se detectó que el 3% de los reportados carecían de registro sanitario válido y que el 23% no se relacionaban con compras registradas en el Sistema de Información de Precios de Medicamentos (SISMED).
Estas irregularidades generaron un gasto adicional de más de 119 mil millones de pesos, mientras que los precios de algunos medicamentos superaron hasta un 1.200% los valores de referencia.
Medidas de solución
El Ministerio recomendó una depuración estricta de los datos reportados por las EPS, validar la información frente a bases externas como el RIPS y fomentar el uso de medicamentos genéricos y biosimilares para reducir costos.
También subrayó la importancia de revisar las prácticas de contratación y precios en el sector salud, garantizando que los recursos sean utilizados de forma eficiente y priorizando las necesidades reales de la población.
Con estas medidas, el Gobierno busca fortalecer la sostenibilidad y transparencia del sistema de salud, impulsando una gestión más responsable de los recursos públicos.
