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Un nuevo convenio que supera los 9962 millones permitirá que familias huilenses tengan la posibilidad de tener energía eléctrica en sus hogares 7 municipios beneficiaran a estas familias de zonas urbanas y rurales de su localidad
En un veredicto histórico, el material recolectado por los investigadores de la Fiscalía ha sido determinante para que un juez imparta una condena en contra de cinco exintegrantes del Grupo Armado Organizado Residual (Gaor) #39,Dagoberto Ramos #39,. Estos individuos, identificados como José Alexander Guetocué Cuello, Luz Emilse López Pencué, Israel Jeromito Quinto, Héctor Arturo Ecue Quinto y Jairo Jorge Pame, han sido encontrados culpables de una serie de actos intimidatorios que aterrorizaron a los residentes de varios municipios en el Huila.
Las pruebas presentadas ante el tribunal revelaron que los condenados llevaron a cabo amenazas de muerte mediante llamadas telefónicas, panfletos y encuentros personales en los municipios de La Plata, Nátaga, Tesalia, Yaguará, Palermo y Teruel. Como resultado, las víctimas se vieron obligadas a entregar aproximadamente 70 millones de pesos como medida de protección para evitar ser asesinadas o sufrir daños en sus propiedades y negocios.
La cooperación entre la Fiscalía, el Gaula de la Policía y el Ejército Nacional fue fundamental para lograr la captura de los responsables en la zona rural de Teruel durante 2021. Durante estos operativos, se decomisaron armas de fuego, más de 60 millones de pesos en efectivo, teléfonos celulares y prendas militares, evidencia que fue crucial en el juicio.
Tras el desarrollo de las audiencias correspondientes, el juez dictaminó que José Alexander Guetocué Cuello deberá cumplir una condena de 22 años de prisión, mientras que los otros cuatro implicados, Luz Emilse López Pencué, Israel Jeromito Quinto, Héctor Arturo Ecue Quinto y Jairo Jorge Pame, fueron sentenciados a 21 años y medio de cárcel. Además, todos los condenados deberán pagar multas que superan los 16.266 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) y enfrentarán una inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas durante 20 años.
Este fallo representa un importante paso hacia la justicia y la seguridad en la región del Huila, demostrando el compromiso de las autoridades en la lucha contra los grupos armados ilegales y la protección de los derechos de los ciudadanos.
