Incendios en el Tolima: acusan a funcionaria de Cortolima de contratar quemas

La gobernadora Adriana Matiz solicitó el pasado 7 de septiembre que se investigue a una funcionaria de Cortolima, la corporación ambiental del Tolima, luego de que dos campesinos detenidos declararan haber sido contratados para provocar un incendio forestal el 25 de agosto en el municipio de Dolores.

Según relató la mandataria, los dos hombres manifestaron que fueron pagados para realizar la quema. El hecho representa un caso extraordinario de corrupción ambiental: no se trata de negligencia, descuido o imprudencia, sino de una presunta orden deliberada desde una entidad estatal encargada precisamente de proteger los bosques.

Matiz pidió una vigilancia especial del caso a la Procuraduría y la Fiscalía, y exigió un informe detallado a través de su delegado en el Consejo Directivo de Cortolima. Calificó los hechos de "absurdos" y subrayó la gravedad legal: según el Código Penal, provocar incendios forestales conlleva penas entre dos y 22 años de prisión, más multas que van de 133 a más de 1.200 salarios mínimos.

Bosques huilenses en riesgo similar

Aunque el caso ocurre en el Tolima, sus implicaciones tocan directamente al Huila. Ambos departamentos comparten ecosistemas, coberturas boscosas y, lo más crítico, autoridades ambientales con estructuras similares. Si una funcionaria de Cortolima actuó así, la pregunta inevitable es qué protecciones existen en instituciones como Corpohuila para evitar casos equivalentes.

Los incendios forestales que azotaron el Tolima en agosto arrasaron más de 11.700 hectáreas, destruyeron cultivos de limón y mango por más de 41 mil millones de pesos, y afectaron 4.947 hectáreas de pastos y siembras. Una acción deliberada desde adentro de una entidad ambiental multiplica el daño: no solo quema bosques, sino que socava la confianza en las instituciones que supuestamente los protegen.

Investigación y responsabilidad penal

La gobernadora también hizo un llamado público sobre las quemas controladas mal ejecutadas, que siguen siendo frecuentes en la región pese a su prohibición y castigo legal. El mensaje es doble: culpar es fácil, pero investigar y sancionar require presión política y seguimiento cercano.

Los próximos pasos dependen de cómo la Fiscalía avance en las indagatorias. Si se comprueba que la funcionaria ordenó los incendios, estaría ante un crimen de daño ambiental agravado, no solo disciplinario. Los dos campesinos que fueron detenidos también enfrentan proceso penal, aunque sus declaraciones sobre haber sido contratados podrían convertirlos en testigos clave.

Mientras tanto, autoridades del Huila deben estar atentas. Las investigaciones en el Tolima pueden revelar redes de corrupción ambiental que operan en múltiples regiones. Neiva y los municipios huilenses necesitan garantías de que sus propias instituciones ambientales funcionen con integridad, no con funcionarios que lucren con la destrucción de lo que juraron proteger.

Equipo editorial - Dime Media
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