IMPULSAR EL MOVIMIENTO POR LA PAZ ANTE LOS CANTOS DE SIRENAS DE LA GUERRA
Hace dos meses la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 001 de 2025, con ocasión de los graves riesgos para la población civil derivados de la expansión de los grupos en disputa del denominado Estado Mayor Central de las FARC. Entre los departamentos objeto de esta alerta, se encuentra el Huila, en donde 20 de los 37 municipios se sitúan en alto riesgo de vulneración a los derechos humanos y, según Indepaz, han sido asesinados 10 líderes sociales, defensores de derechos humanos y firmantes de paz durante los años 2024 y 2025.
Entretanto, el Departamento del Huila viene evidenciando un crecimiento de la movilización social – y por tanto, la acción de líderes sociales y defensores de derechos humanos- a raíz de problemáticas relacionadas con la educación, la ruralidad, la defensa del medioambiente, el trabajo digno, la salud, la movilidad, la violencia, entre otras.
Prueba de ello, son los procesos de protesta social contra la construcción y operación del peaje ubicado en El Hobo, el Paro de Arroceros en Campoalegre, el bloqueo de pescadores artesanales en Fortalecillas, el impulso del Comité de Veeduría sobre la posible exploración de petróleo en la Cuenca del Río Las Ceibas, el paro estudiantil y de padres de familia en Villavieja, la denuncia sobre la implementación del Plan de Alimentación Escolar en Neiva, las manifestaciones de las mujeres por el aumento de feminicidios, el plantón de organizaciones campesinas del occidente por acceso a la tierra, la Minga Indígena por la Pervivencia en el Territorio y las marchas en Neiva, Garzón, Pitalito y La Plata en apoyo a las reformas sociales.
De esta manera, el incremento de la acción de las organizaciones sociales podría derivar en el aumento del riesgo de vulneración, restricción y afectación del derecho a la vida, la integridad y la libertad de líderes sociales y defensores de derechos humanos por parte de actores armados legales e ilegales, principalmente en zonas rurales, a causa de la estigmatización, señalamiento, amenazas y constreñimiento, imposibilitando el derecho a defender los derechos de sus comunidades; además en el marco de un contexto pre-electoral.
Por lo anterior, se hace necesario generar espacios de encuentros entre las organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos con el propósito de impulsar el Movimiento Social por la Paz en el Huila como el lazo de unidad que permita atarnos a los huilenses al mástil del Barco de la Vida para no sucumbir ante los cantos de sirenas que quieren llevarnos a la muerte mediante el recrudecimiento de la guerra a través de la militarización del territorio.
Experiencias del último periodo como la Red Departamental de Derechos Humanos, la Minga Suroccidente, el Diálogo Social por la Paz, la Cumbre de Organizaciones Sociales y la Mesa Territorial de Garantías deben ser tenidas en cuenta como insumos que permitan realizar hechos de exigencias a los actores armados tendientes a cesar las hostilidades contra la población civil, promover acciones humanitarias para la prevención y mitigación de vulneraciones a los derechos humanos contra comunidades étnicas y campesinas y colocar una agenda de transformaciones concretas en los territorios que contribuyan a la satisfacción de derechos como elemento central en la construcción de paz.
Asimismo, el Estado en su conjunto debe comprometerse a implementar las recomendaciones emitidas por la Alerta Temprana en mención, cuyos propósitos son contribuir a coordinar respuestas rápidas a la vulneración de los derechos humanos, promover acciones de paz para la prevención, disuadir las amenazas bajo el enfoque de la seguridad humana y brindar garantías de atención humanitaria. Entidades como Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Oficina del Consejero Comisionado de Paz, Agencia de Reincorporación y Normalización, Unidad Nacional de Protección, Unidad para las Víctimas, Gobernación del Huila y Alcaldías y Personerías Municipales son las instituciones concernidas para proteger y garantizar el respeto por la vida de los líderes sociales, defensores de derechos humanos y firmantes de paz.
Finalmente, esta semana se dio el nombramiento de la nueva Defensora Regional del Pueblo, Quimberly Trujillo. Ella es abogada con perspectiva de género y estudios pos-graduales en derechos humanos, quien ha trabajado desde las organizaciones sociales ejerciendo la representación judicial de víctimas de crímenes de Estado. Bajo su dirección, se prevé que la Defensoría del Pueblo en el Huila profundice su enfoque de trabajo desde los territorios y promueva un diálogo más asertivo con los sectores sociales, en procura de ser garantes en el respeto de los derechos humanos de las y los huilenses, entre los que están el respeto por la vida de los líderes y lideresas sociales. Se requería de una defensora más dispuesta a meterse al pantano para saber si está podrido. Seguramente veremos qué tanto se embarran sus botas.
Entretanto, el Departamento del Huila viene evidenciando un crecimiento de la movilización social – y por tanto, la acción de líderes sociales y defensores de derechos humanos- a raíz de problemáticas relacionadas con la educación, la ruralidad, la defensa del medioambiente, el trabajo digno, la salud, la movilidad, la violencia, entre otras.
Prueba de ello, son los procesos de protesta social contra la construcción y operación del peaje ubicado en El Hobo, el Paro de Arroceros en Campoalegre, el bloqueo de pescadores artesanales en Fortalecillas, el impulso del Comité de Veeduría sobre la posible exploración de petróleo en la Cuenca del Río Las Ceibas, el paro estudiantil y de padres de familia en Villavieja, la denuncia sobre la implementación del Plan de Alimentación Escolar en Neiva, las manifestaciones de las mujeres por el aumento de feminicidios, el plantón de organizaciones campesinas del occidente por acceso a la tierra, la Minga Indígena por la Pervivencia en el Territorio y las marchas en Neiva, Garzón, Pitalito y La Plata en apoyo a las reformas sociales.
De esta manera, el incremento de la acción de las organizaciones sociales podría derivar en el aumento del riesgo de vulneración, restricción y afectación del derecho a la vida, la integridad y la libertad de líderes sociales y defensores de derechos humanos por parte de actores armados legales e ilegales, principalmente en zonas rurales, a causa de la estigmatización, señalamiento, amenazas y constreñimiento, imposibilitando el derecho a defender los derechos de sus comunidades; además en el marco de un contexto pre-electoral.
Por lo anterior, se hace necesario generar espacios de encuentros entre las organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos con el propósito de impulsar el Movimiento Social por la Paz en el Huila como el lazo de unidad que permita atarnos a los huilenses al mástil del Barco de la Vida para no sucumbir ante los cantos de sirenas que quieren llevarnos a la muerte mediante el recrudecimiento de la guerra a través de la militarización del territorio.
Experiencias del último periodo como la Red Departamental de Derechos Humanos, la Minga Suroccidente, el Diálogo Social por la Paz, la Cumbre de Organizaciones Sociales y la Mesa Territorial de Garantías deben ser tenidas en cuenta como insumos que permitan realizar hechos de exigencias a los actores armados tendientes a cesar las hostilidades contra la población civil, promover acciones humanitarias para la prevención y mitigación de vulneraciones a los derechos humanos contra comunidades étnicas y campesinas y colocar una agenda de transformaciones concretas en los territorios que contribuyan a la satisfacción de derechos como elemento central en la construcción de paz.
Asimismo, el Estado en su conjunto debe comprometerse a implementar las recomendaciones emitidas por la Alerta Temprana en mención, cuyos propósitos son contribuir a coordinar respuestas rápidas a la vulneración de los derechos humanos, promover acciones de paz para la prevención, disuadir las amenazas bajo el enfoque de la seguridad humana y brindar garantías de atención humanitaria. Entidades como Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Oficina del Consejero Comisionado de Paz, Agencia de Reincorporación y Normalización, Unidad Nacional de Protección, Unidad para las Víctimas, Gobernación del Huila y Alcaldías y Personerías Municipales son las instituciones concernidas para proteger y garantizar el respeto por la vida de los líderes sociales, defensores de derechos humanos y firmantes de paz.
Finalmente, esta semana se dio el nombramiento de la nueva Defensora Regional del Pueblo, Quimberly Trujillo. Ella es abogada con perspectiva de género y estudios pos-graduales en derechos humanos, quien ha trabajado desde las organizaciones sociales ejerciendo la representación judicial de víctimas de crímenes de Estado. Bajo su dirección, se prevé que la Defensoría del Pueblo en el Huila profundice su enfoque de trabajo desde los territorios y promueva un diálogo más asertivo con los sectores sociales, en procura de ser garantes en el respeto de los derechos humanos de las y los huilenses, entre los que están el respeto por la vida de los líderes y lideresas sociales. Se requería de una defensora más dispuesta a meterse al pantano para saber si está podrido. Seguramente veremos qué tanto se embarran sus botas.
