¡Golpe a la educación! Millonario impuesto del Gobierno pone en jaque a universidades privadas en Colombia
Las universidades privadas en Colombia alertan por el impacto del Decreto 0173 de 2026, que les impone un millonario impuesto al patrimonio. Más de 100 instituciones deberán pagar hasta 23.000 millones de pesos, lo que podría afectar su estabilidad.
Las universidades privadas del país encendieron las alarmas tras la expedición del Decreto 0173 de 2026, que impone un nuevo gravamen al patrimonio en el marco de la emergencia económica por desastres climáticos.
La medida obligaría a más de 100 instituciones de educación superior a pagar sumas que oscilan entre los 300 millones y los 23.000 millones de pesos antes del próximo 1 de abril, generando preocupación por el impacto directo en su sostenibilidad financiera.
Desde la Asociación Colombiana de Universidades cuestionaron la decisión del Gobierno, señalando que no hubo concertación previa y que se está tratando a las universidades como empresas con ánimo de lucro, pese a su carácter educativo.
El rector de la Universidad Minuto de Dios y vicepresidente de ASCUN, Harold Castilla, aseguró que la medida tomó por sorpresa al sector y advirtió que las instituciones “no generan utilidades”, por lo que el impacto sería especialmente grave.
De acuerdo con el gremio, este impuesto podría obligar a las universidades a tomar decisiones difíciles como recortar programas académicos, reducir becas o incluso aumentar el costo de las matrículas, afectando directamente a miles de estudiantes en todo el país.
Además, recordaron que las universidades privadas cumplen un papel clave en la cobertura de la educación superior en Colombia, al brindar acceso a jóvenes que no logran ingresar a instituciones públicas y al desarrollar programas sociales y comunitarios.
Ante este panorama, ASCUN anunció que acudirá a la Corte Constitucional de Colombia para solicitar la suspensión del decreto, argumentando que vulnera la autonomía universitaria y desconoce la naturaleza sin ánimo de lucro de estas instituciones.
El futuro del decreto ahora podría definirse en los estrados judiciales, mientras crece la incertidumbre en el sector educativo.
La medida obligaría a más de 100 instituciones de educación superior a pagar sumas que oscilan entre los 300 millones y los 23.000 millones de pesos antes del próximo 1 de abril, generando preocupación por el impacto directo en su sostenibilidad financiera.
Desde la Asociación Colombiana de Universidades cuestionaron la decisión del Gobierno, señalando que no hubo concertación previa y que se está tratando a las universidades como empresas con ánimo de lucro, pese a su carácter educativo.
El rector de la Universidad Minuto de Dios y vicepresidente de ASCUN, Harold Castilla, aseguró que la medida tomó por sorpresa al sector y advirtió que las instituciones “no generan utilidades”, por lo que el impacto sería especialmente grave.
De acuerdo con el gremio, este impuesto podría obligar a las universidades a tomar decisiones difíciles como recortar programas académicos, reducir becas o incluso aumentar el costo de las matrículas, afectando directamente a miles de estudiantes en todo el país.
Además, recordaron que las universidades privadas cumplen un papel clave en la cobertura de la educación superior en Colombia, al brindar acceso a jóvenes que no logran ingresar a instituciones públicas y al desarrollar programas sociales y comunitarios.
Ante este panorama, ASCUN anunció que acudirá a la Corte Constitucional de Colombia para solicitar la suspensión del decreto, argumentando que vulnera la autonomía universitaria y desconoce la naturaleza sin ánimo de lucro de estas instituciones.
El futuro del decreto ahora podría definirse en los estrados judiciales, mientras crece la incertidumbre en el sector educativo.
