Gobierno reduce prima de servicios de los congresistas por decreto
El Gobierno expidió el Decreto 0030 de 2026 para reducir la prima de servicios de los congresistas, que alcanzaba cerca de 16 millones de pesos mensuales, como parte de las medidas para recortar el gasto público.
El Gobierno nacional expidió el Decreto 0030 de 2026, mediante el cual reduce la prima de servicios que reciben los congresistas, un beneficio que rondaba los 16 millones de pesos mensuales y que empezará a regir desde el 20 de julio.
La medida hace parte de las acciones del Gobierno del Cambio para disminuir gastos del Estado y enfrentar el déficit fiscal, en medio de la actual situación económica del país.
El decreto deja sin efectos la norma que creó esta prima en 2013, durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, y concluye que la remuneración de los congresistas es desproporcionada frente al ingreso promedio de los colombianos.
El Ejecutivo señaló que la decisión se ampara en la Ley 4 de 1992 y en la Sentencia C-608 de 1999 de la Corte Constitucional, que facultan al Gobierno para reconocer o no este tipo de beneficios.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, celebró la medida y aseguró que contribuirá a la reducción de las brechas salariales en el país, calificando la bonificación como una “enorme desigualdad social”.
La medida hace parte de las acciones del Gobierno del Cambio para disminuir gastos del Estado y enfrentar el déficit fiscal, en medio de la actual situación económica del país.
El decreto deja sin efectos la norma que creó esta prima en 2013, durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, y concluye que la remuneración de los congresistas es desproporcionada frente al ingreso promedio de los colombianos.
El Ejecutivo señaló que la decisión se ampara en la Ley 4 de 1992 y en la Sentencia C-608 de 1999 de la Corte Constitucional, que facultan al Gobierno para reconocer o no este tipo de beneficios.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, celebró la medida y aseguró que contribuirá a la reducción de las brechas salariales en el país, calificando la bonificación como una “enorme desigualdad social”.
