Gobierno Petro y la reforma rural integral deuda pendiente con el campo colombiano
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los múltiples conflictos políticos y sociales generados y agudizados por la desigualdad, la pobreza, el desempleo, la concentración del poder político y económico en las tradicionales oligarquías colombianas liberal-conservadoras que entregan los recursos naturales, las empresas y el trabajo de los colombianos a las multinacionales.
El inconveniente agrario colombiano ahonda sus raíces históricas en los tiempos de la Conquista y la Colonia españolas, no resuelto en la Independencia y persistente en la República, hasta nuestros días. Contiene una contradicción entre pocos que tienen mucha tierra, en gran parte inexplotada, indebidamente apropiada, y muchos que tienen poca o ninguna, sin medios ni recursos para explotarla, carentes de crédito, infraestructura, sin servicios esenciales, agua potable, salud, educación, vivienda digna, sin derechos fundamentales y marginados económica, política y socialmente. La Reforma Rural Integral contiene avances progresistas, contribuye a la solución política del conflicto armado, vinculado en sus antecedentes al problema agrario colombiano, vigente aún y sin la solución democrática, justa y necesaria para el desarrollo económico, social, el bienestar de la mayoría de los habitantes del campo y en general de los colombianos.
La tenencia de la tierra en Colombia, se caracteriza por su alta concentración en pocas manos, la coexistencia de grandes latifundios, que ocupan la mayor cantidad de las mejores tierras, en gran parte inexplotadas, los millones de minifundios y pobres del campo, que solo disponen de su fuerza de trabajo, a lo cual se agregan las formas atrasadas de producción. Para la población rural, la propiedad es un derecho humano fuera del alcance para dos tercios de quienes trabajan la tierra, pues son jornaleros sin tierra propia. Del tercio del campesinado que posee tierra, el 60% es informal y no permite acceso al crédito. La expansión de la frontera agraria destruye reservas forestales y penetra en los territorios étnicos, primero para cultivos ilícitos y luego para ganadería extensiva de mínima productividad, con un gran impacto ambiental que acelera el cambio climático. El 40% de la tierra incorporada al desarrollo tiene procesos de erosión que causan deslizamientos en las cordilleras e inundaciones en las tierras planas.
El sector agrícola se vino abajo hace más de 25 años y no ha podido salir del letargo. El censo agrícola revela cómo durante el período de predominio del neoliberalismo, el sector experimentó un severo retroceso económico y social. El desmonte arancelario, la revaluación y los TLC provocaron una entrada masiva de los cereales y productos lácteos que son adquiridos a menores precios en los socios comerciales.
La solución definitiva, justa y necesaria del problema agrario colombiano debe realizarse con una reforma agraria profunda que democratice la tierra, elimine y prohíba su monopolio y erradique su escandalosa desigualdad (latifundio-minifundio). Que entregue la tierra a quienes la trabajan, tienen poca o ninguna cantidad, acompañado de créditos de largo plazo y bajo costo, asistencia técnica continua, comercialización, infraestructura, agua potable, salud, educación y vivienda digna. Es imperativa la limitación racional, constitucional y legal, de la extensión territorial de la propiedad de la tierra. Se requiere la presencia y participación activa del Estado, para garantizar los derechos fundamentales de la población rural y no dejarla en las manos invisibles del mercado , y del capitalismo salvaje.
Cuando el electo presidente Gustavo Petro habla de hacer una reforma agraria, no hace referencia a la de los años sesenta, la del siglo pasado sino a la reforma agraria del primer punto del Acuerdo de Paz, que tiene muchos componentes: acceso a tierras con el Fondo de Tierras que se debe recuperar y entregar a gente que no tenga, la titulación de propiedad, la restitución de tierras a las víctimas, la zonificación ambiental y resolución de conflictos de uso, y toda la agenda de desarrollo rural integral. El presupuesto del agro anual es de $1 billón o $1,2 billones, o sea es la Cenicienta de toda la economía y aun así aporta el 6 % al PIB nacional. Hay dos sectores económicos que van a impulsar el desarrollo del país y el crecimiento que es la manufactura y el agro. En el marco de la Reforma Rural Integral se va a tener tres enfoques: 1) Ser potencia agroalimentaria. Eso es recoger todos esos esfuerzos que se hacen y enfocarlos para producir más y mejores alimentos. Revisar todos esos distintos subsidios que se efectúan de manera segregada y lograr enfocarlos en la producción agroalimentaria, especialmente darle un lugar a la economía familiar y campesina que nunca ha tenido espacio en la economía del agro y es la que produce el 70 % de lo que comemos. 2): Cumplir con seriedad la reforma rural del Acuerdo de Paz, porque no es un secreto que no se ha hecho, es decir, en la práctica volvieron trizas el Acuerdo de Paz, nadie puede decir que el Acuerdo en la práctica no fue estropeado. 3) La agenda ambiental en lo agrario. Se tienen apuestas muy grandes en el tema de resolución de conflictos de uso de tierras, pero cambiando totalmente el chip de ese enfoque criminalizador y restrictivo que tiene en este momento la lucha contra la deforestación, hacia un enfoque integrador de gobernanza ambiental donde las comunidades no son enemigas del ambiente, sino que son las llamadas a protegerlo y lo han venido haciendo.
La ministra de agricultura designada en el nuevo gobierno, Cecilia López Montaño, ya dio algunas pistas de lo que será la reforma y aclaró que no habrá ningún tipo de expropiación, como se ha dicho desde algunos sectores. El estado tiene un papel por jugar, dentro de lo que el presidente electo ha dejado en claro: vamos a desarrollar el capitalismo ,. Y eso quiere decir que nadie expropia ,. En ese sentido, dijo que acelerará el catastro multipropósito, que implica que la gente que tiene grandes extensiones de tierra improductivas va a tener que pagar impuestos muy altos ,. También quedará abierta la posibilidad de vender dichas tierras al Estado, si este considera que es una tierra apta para incentivar la producción de muchísimos productores que no tienen tierra ,.
El tema de la reforma rural probablemente jugará un papel fundamental en el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez porque también ha entrado en el primer plano de la conciencia nacional. Se deben tomar medidas para garantizar que la colaboración internacional facilite el progreso hacia el cumplimiento de los compromisos con las áreas rurales en virtud del Acuerdo de Paz y no ponga en peligro el crecimiento reciente en el sector agrícola, es muy posible que dicha financiación se traduzca en infraestructura y otras mejoras estructurales en las regiones más devastadas por el conflicto de Colombia. La discusión sobre el desarrollo pacífico y sostenible del campo colombiano apenas comienza, por el bien de todas las partes interesadas, un programa de reforma rural integral, estructural, uno que tenga en cuenta las demandas de los pequeños agricultores, las comunidades indígenas, los trabajadores rurales, las mujeres, los jóvenes y las personas desplazadas por el conflicto. Colombia dio el primer paso a un cambio de modelo económico en el que la agricultura no esté relegada, sino que se potencie y constituya en fuente de producción.