Gobierno Petro transforma la financiación universitaria con reforma histórica a la Ley 30
El presidente firma en Popayán la modificación a la Ley 30, que reemplaza la financiación del IPC por el ICES y fija una meta de inversión del 1% del PIB para la educación superior.
Este 3 de marzo, el presidente Gustavo Petro sanciona en Popayán la reforma a la Ley 30 de 1992, que modifica el modelo de financiación de la educación superior pública en Colombia. La nueva ley reemplaza el Índice de Precios al Consumidor (IPC) por el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES) para el cálculo de los recursos y establece la meta de invertir progresivamente hasta el 1% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional para fortalecer las instituciones, ampliar la cobertura y cerrar brechas históricas en el sector.
La nueva norma redefine el modelo de financiación de la educación superior pública en Colombia y asigna un presupuesto histórico para fortalecer a las instituciones.
En su comunicado, el Ministerio de Educación Nacional afirmó que “hoy la universidad pública recibe un impulso que nace de la organización y la voluntad política”, y destacó que la reforma es “resultado de la lucha estudiantil y el respaldo del Gobierno del Cambio”. Según la cartera, esta es “una conquista que reafirma que invertir en educación es apostar por el país, con dignidad y futuro”.
Durante más de tres décadas, los recursos para las universidades crecieron con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), un mecanismo que, según el Ministerio, no reflejaba los costos reales de formar profesionales, investigar o sostener infraestructura. Esa brecha acumulada generó necesidades sin cubrir, pese al aumento de matrícula y demanda en las instituciones públicas.
La reforma reemplaza el IPC por el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES), incorpora recursos adicionales para ampliar cobertura, cerrar brechas y avanzar en la formalización laboral, además de vincular progresivamente la inversión al crecimiento del PIB. La meta de largo plazo es alcanzar una financiación equivalente al 1 % del PIB para la educación superior pública.
