Gobierno ofrece $50 millones por información sobre delitos electorales
El Gobierno anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quienes denuncien delitos electorales como la compra de votos y la trashumancia, en un intento por reforzar la transparencia de las próximas elecciones.
El Ministerio de Defensa anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos para quienes entreguen información que permita detectar y judicializar delitos electorales durante las próximas elecciones.
La medida fue confirmada por el ministro del Interior, Armando Benedetti, tras varias reuniones de seguimiento electoral realizadas junto a la Defensoría del Pueblo y otras entidades. Según explicó, el incentivo busca combatir prácticas como la trashumancia y la compra de votos.
“Vamos a ofrecer 50 millones de pesos de recompensa a quien informe de estos delitos, eso es novedoso”, señaló el jefe de la cartera política, al advertir que en los encuentros previos no se estaba abordando con suficiente fuerza este tipo de irregularidades.
El ministro agregó que el presidente Gustavo Petro dio la orden a la Policía Nacional de capturar a quienes incurran en fraude electoral. Además, insistió en que las autoridades deben identificar los puntos donde se estarían cometiendo estas prácticas para garantizar la legitimidad y transparencia del proceso.
La medida fue confirmada por el ministro del Interior, Armando Benedetti, tras varias reuniones de seguimiento electoral realizadas junto a la Defensoría del Pueblo y otras entidades. Según explicó, el incentivo busca combatir prácticas como la trashumancia y la compra de votos.
“Vamos a ofrecer 50 millones de pesos de recompensa a quien informe de estos delitos, eso es novedoso”, señaló el jefe de la cartera política, al advertir que en los encuentros previos no se estaba abordando con suficiente fuerza este tipo de irregularidades.
El ministro agregó que el presidente Gustavo Petro dio la orden a la Policía Nacional de capturar a quienes incurran en fraude electoral. Además, insistió en que las autoridades deben identificar los puntos donde se estarían cometiendo estas prácticas para garantizar la legitimidad y transparencia del proceso.
